Los 33 mineros que protagonizaron la hazaña de sobrevivir durante 70 días a más de 700 metros de profundidad, tras el derrumbe de la mina San José, en la región de Atacama, están hoy a la espera de que la Fiscalía decida acerca de la responsabilidad de los dueños de la mina en la tragedia.
La demora en la resolución del caso los llevó a presentar el viernes una millonaria demanda contra el Estado chileno por negligencia.
La acción judicial fue presentada ante un juzgado civil de Santiago, a nombre de 31 de los mineros, por el abogado Edgardo Reinoso.
"Sernageomin (el Servicio Nacional de Energía y Minería), no hizo bien su trabajo y eso hay que aclararlo, tiene que haber la justicia que corresponde", dijo Mario Sepúlveda, uno de los mineros, al diario chileno La Tercera.
Los demandantes exigen una indemnización por 7.750 millones de pesos (unos 16,66 millones de dólares), sustentándose en la carencia de una debida supervisión de las actividades y la seguridad en la mina, que tiempo antes había tenido otro accidente que le costó una pierna a un minero.
Por otro lado, la mina ya tenía varios cierres anteriores por incumplimiento de las normas sobre ventilación y salidas de emergencia, y registraba numerosos accidentes laborales.
De tener éxito la acción judicial, cada uno de los demandantes recibiría 250 millones de pesos (unos 537.600 dólares).
Los mineros quedaron atrapados el 5 de agosto del año pasado y, tras un enorme esfuerzo por parte del Gobierno fueron rescatados con vida, aunque muchos presentan secuelas sicológicas, y sólo uno ha vuelto a trabajar en una mina.
En septiembre, cuando los trabajadores estaban sepultados, el abogado Reinoso interpuso otra demanda contra los dos propietarios del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, en la ciudad de Copiapó.
En dicha demanda, 27 mineros exigieron el pago de una compensación por el equivalente a poco más de 10 millones de dólares.
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