Bastante agitada ha estado la actividad política y la opinión nacional en los últimos días, como consecuencia de los nuevos decretos expedidos por el gobierno nacional en el marco de la emergencia social, declarada a finales del año pasado para cubrir el déficit financiero en la salud que, según ANIF, podría ascender a dos puntos del PIB. Decretos que dicen remediar las falencias de la ya colapsada Ley 100, pues dado que la ecuación del régimen subsidiado supera la del contributivo, más la corrupción desaforada, se hace inviable el sistema.
Medidas que han resultado tan impopulares que ya el mismo gobierno empieza a reconocer sus desaciertos y trata de recular para subsanar el error craso de limitar el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, establecido en nuestra Constitución como un servicio público a cargo del Estado.
Medidas que se hicieron a espaldas de la célula legislativa, de las organizaciones de usuarios, de los gremios y comunidades médicas y científicas y demás trabajadores de la salud, a los que no llamaron previamente para tener en cuenta sus inquietudes, sino para legitimar hechos cumplidos; al igual que se desconocieron las observaciones de los pocos que fueron avisados de las reformas normativas que se venían.
Resulta peligroso e inaceptable que a los servidores de la salud se les limite su ejercicio profesional con el cumplimiento de ciertos protocolos atentatorios del cuidado oportuno e integral de la salud de toda la comunidad. Da pena también observar y constatar el trato indigno a que son sometidos los pacientes que requieren tratamientos por fuera del POS y los que deben acudir a las consultas o tratamientos especializados y ahora, con los recientes decretos, se les agrava aún más la situación; además incluyen estas medidas desproporcionadas e injustas exigir a ciertos estratos pagos por tratamientos o exámenes especializados, adicionales a los aportes del 12% sobre sus ingresos que actualmente cubren.
Pero no es de extrañar que ese sea el sentido y contenido de las modificaciones al sistema, si, como lo advierten informaciones de prensa y denuncias que se vienen haciendo públicas, los estudios, asesoría y elaboración de los decretos alusivos a la emergencia social, en los que el gobierno gastó una buena cantidad de dineros públicos, estuvieron a cargo o contaron con la participación de entidades o personas con algún interés en el rentable negocio de las EPS y sus IPS, quienes por transparencia debieron haberse considerado y declarado impedidos.
La salud de los colombianos requiere de una reforma integral y no de meras componendas para asegurar mayores ganancias a las empresas prestadoras de la misma; en vez de restringir servicios o encarecerlos en contra de los servidores de la salud y de los usuarios, el país necesita y espera el acceso del mayor número de ciudadanos a un sistema que les brinde eficientes servicios de salud en los que prime la prevención de enfermedades y la preservación de la vida por encima de otros intereses, pero que sólo es alcanzable aumentando el número de afiliados al régimen contributivo, para lo que deben implementarse políticas que disminuyan las altas tasas de desempleo y de empleo informal, factores determinantes de la actual crisis del sector.
Por supuesto, urgen también determinaciones implacables y ejemplarizantes para atacar la corrupción que carcome de manera inmisericorde los fondos del sistema, como serían: reforma estructural a las ARS que actualmente, en connivencia con los entes territoriales, despilfarran el erario público y quiebran a los hospitales con sus cuantiosas deudas; prevenir y sancionar la evasión de aportes y revisar y controlar permanentemente el SISBEN, epicentro de corrupción y de politiquería; vigilar de cerca la incidencia del accionar de los laboratorios farmacéuticos que enrarecen el mercado y abusan a diario con los precios de las medicinas, etc.
Después de la turbulencia viene la calma, por lo que esperamos que la Corte Constitucional, en una decisión de fondo, declare la inexequibilidad de los mencionados decretos, y que el Congreso de la República se dedique con independencia y seriedad a estudiar y analizar tan complejo y sensible tema de la protección del derecho a la salud, por encima de cualesquiera improvisación e interés mercantilista; lo que importa para el ciudadano del común es poder acceder a excelentes servicios médicos y asistenciales, sin que le signifiquen sacrificar sus ahorros y hasta morir arruinado por causa de los mercaderes de la salud.
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