El Gobierno cubano ha cambiado de manos pero mantiene una vieja "maquinaria represiva" con la que continúa violando los derechos humanos y, escudándose en la "ley de peligrosidad", encarcela a personas que intentan ejercer sus derechos y, en algunos casos, hasta a los desempleados.
Esa es la principal denuncia de un análisis divulgado por Human Rights Watch (HRW), en su primera evaluación sobre la situación en Cuba desde que Fidel Castro transfiriera el control del Gobierno a su hermano Raúl en julio de 2006 y la Asamblea Nacional lo eligiera presidente el 24 de febrero de 2008.
La organización, que también ha criticado medidas represivas en Colombia y Venezuela, dijo que el encarcelamiento, las palizas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso son algunas de las tácticas que usa La Habana contra los detractores de sus políticas.
El informe titulado "Un nuevo Castro, la misma Cuba", se apoya en entrevistas realizadas entre junio y julio pasado con diversos actores de la sociedad civil en siete de las 14 provincias de la isla, y no tuvo la venia del Gobierno.
HRW destacó la llamada "ley de peligrosidad", "la más orwelliana de todas las leyes cubanas" y con la que, con claros fines políticos, el Gobierno encarcela a personas antes de que hayan cometido un delito, con la sospecha de que "puedan cometerlo en el futuro".
Esa ley, precisó HRW, señala como actividades antigubernamentales manifestaciones pacíficas, escribir artículos duros contra el Gobierno, entregar copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e intentar organizar sindicatos.
La agrupación defensora de los derechos humanos dijo que documentó más de 40 casos de presos porque el Gobierno los consideró "peligrosos", pero teme que existan "muchos más casos".
También quienes no tienen empleo, no cooperan con el Estado o no pertenecen a organizaciones del partido de Gobierno son acusadas de tener una conducta "antisocial" y sujetas a posibles "advertencias" o a la cárcel.
Cita como ejemplo que dentro de la "Operación Victoria", en enero pasado, las autoridades acusaron de "peligrosidad" por no tener trabajo a decenas de personas de Cuba Oriental, en su mayoría jóvenes. Un residente de Sancti Spíritus, desempleado por problemas de salud, fue condenado a dos años de cárcel en agosto de 2008.
Los disidentes viven con el temor de ser arrestados, como fue el caso del defensor de derechos humanos Rodolfo Bartelemí Coba, que permanece detenido desde marzo pasado, indica el informe.
Pese a la represión "sistemática", la disidencia puede canalizar sus ideas a través de blogs, canciones de protesta y, más recientemente, foros públicos que el mismo Gobierno ha organizado para "reflexionar sobre el socialismo cubano", aunque con limitaciones.
Cuba ha logrado avances "significativos" en asuntos como la educación y la salud, pero "la cruda realidad es que estos avances no han ido de la mano del respeto de derechos civiles y políticos", lamentó.
HRW reiteró que el embargo de E.U. solo ha conseguido aislar a Washington y que el Gobierno de Castro lo utiliza como excusa.
Recomendó que la comunidad internacional dé un plazo de seis meses para la liberación de los presos políticos y evalúe posibles medidas punitivas contra los líderes cubanos si el Gobierno no cumple con esos requisitos.
Esas medidas podrían incluir congelación de bienes y suspensión de nuevas inversiones extranjeras en la isla.
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