Para Sebastián*, consumidor habitual de marihuana, la mejor hierba que se puede conseguir es la que viene de Corinto y de Toribío, Cauca, que es conocida como cripa y “que es la más cara”.
Según el general Luis Alberto Pérez Alvarán, director de Antinarcoticos de la Policía Nacional, en este departamento del sur del país, de donde la Guardia Indígena pretende sacar las Fuerzas Armadas, es donde más se incauta marihuana y que “es de exportación, pero que mayormente es de consumo interno”.
Por su parte, el general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, cree que en buena medida los ataques de las Farc en el sur se deben a que las tropas del Ejército Nacional “coparon la columna móvil Gabriel Galvis, cortaron la movilidad que tenían en ciertos corredores y también por donde sacaba la droga el sexto Frente de las Farc, que es en el norte del Cauca”.
El general Jerez comenta que de allí sale “la marihuana cripa, sobre todo de Caloto, Toribío y Corinto” y que las Farc vieron truncos sus movimientos y negocios con “los narcos”, por lo que “con fuerzas campesinas y ahora con los indígenas quisieron presionar la salida de las tropas de allá, del norte del Cauca”. El Comandante agrega que ya Miranda y Florida son municipios donde abundan los sembradíos de coca.
“Hace siete meses estamos ahí, haciendo presión. Hay que tener en cuenta que esa droga la sacan por el Pacífico, por los lados del Timbiquí, y que esa marihuana tiene mucha comercialización en Colombia”, agrega Jerez.
El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, sostiene que el problema de orden público que vive el departamento se vienen repitiendo hace “cinco años, hace diez, hace veinte, incluso más”, esto debido, “siempre”, a las mismas causas.
“El Estado aquí no ha hecho grandes inversiones en importantes obras de infraestructura, de generación de energía, tampoco ha invertido en educación”, y entre esos problemas de inversión social, el Gobernador llega al tema de la ilegalidad, “hay que agregar la actividad del narcotráfico, la llegada de la minería ilegal”.
Ortega no cree que las comunidades, campesinos e indígenas, sean victimarios ni partícipes, pues “el Estado tiene que aproximarse al tema indígena sin prevenciones. Partir de que las comunidades indígenas, como las comunidades afro, tienen unos derechos consagrados en la Constitución”.
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