Avanza en el Congreso de la República la discusión del proyecto de ley por medio del cual se eleva a principio constitucional el buen manejo de las finanzas públicas. Al momento se han cumplido cuatro debates de los ocho que debe surtir en el Legislativo. De acuerdo con el texto aprobado por la plenaria del Senado, "la sostenibilidad fiscal es un principio que debe orientar a las ramas y los órganos del poder público dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica".
El proyecto tiene como propósito incorporar el concepto de sostenibilidad fiscal como requisito indispensable para garantizar los derechos fundamentales de los colombianos, como lo establece el Estado Social de Derecho. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, el acto legislativo busca regular la administración del Estado para dar sostenibilidad económica al país.
La iniciativa ha prosperado en medio de la oposición de sectores de la sociedad y de algunos partidos políticos como el Liberal y el Polo Democrático. Infortunadamente, la opinión pública no se ha percatado, suficientemente, de la trascendencia que para el desarrollo del país tiene este proyecto de ley.
La sostenibilidad fiscal significa, en esencia, que el gasto público no debe crecer por encima de los ingresos. De esta forma se evita que el Estado, para financiar sus egresos, tenga que endeudarse cada vez más, y que la deuda pública crezca de forma desmedida, excediendo la capacidad de pago del país. Sin dicha sostenibilidad no es posible alcanzar, enteramente, los fines que persigue el Estado Social de Derecho. La sostenibilidad fiscal obliga, no solo al Ejecutivo sino también a las demás ramas del poder, a tener en cuenta en sus decisiones la disponibilidad de recursos de la Nación, evitando así la quiebra del fisco.
La situación que recientemente han vivido ciertos países de Europa, como Grecia, muestra que, más temprano que tarde, un país, y en particular sus ciudadanos, pagan por un desbocado gasto fiscal. Los ensayos populistas e irresponsables de vivir "al debe" han mostrado, en nuestro propio continente, que, al final, dicha situación se hace insostenible y que ella conduce a un mayor empobrecimiento de la población.
De acuerdo con el principio económico de la restricción presupuestal, cualquier agente, llámese individuo, hogar, empresa o nación, enfrenta, dada una disponibilidad de recursos, la necesidad de priorizar el gasto. Esto implica que no todas las necesidades pueden ser satisfechas plenamente. En este orden de ideas, una Nación responsable con la sostenibilidad fiscal está obligada a mantener un equilibrio entre el deseo de garantizar los derechos ciudadanos y la capacidad del Estado para financiar los gastos asociados con su consecución. Hacer explícita la restricción presupuestal obliga a una sociedad, como parte de su proceso político, a priorizar y escoger entre sus múltiples necesidades.
En los últimos tiempos hemos visto en Colombia cómo, por falta de un ordenamiento manifiesto que le determine al Estado velar por el equilibrio fiscal y macroeconómico, ciertas ramas del poder público han adoptado una serie de medidas, como por ejemplo en el campo de la salud, que han puesto en aprietos la capacidad del fisco para responder a las exigencias de gasto que de ellas se derivan.
Sin duda, son múltiples los retos y las necesidades que en diversos campos tiene el país. La satisfacción progresiva de las mismas sólo será posible a través de un desarrollo sostenible fiscalmente. En este sentido, la aprobación del proyecto de ley sobre sostenibilidad fiscal es una necesidad ineludible e impostergable.
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