La condena de 10 años y tres meses de prisión y la exigencia del pago de un multa de 149,7 salarios mínimos mensuales vigentes al exviceministro Juan Camilo Salazar, generó una duda: ¿qué tan benéfico puede ser para un procesado negociar con la Fiscalía si la decisión final recae en el juez?
Hasta el pasado 16 de enero, los preacuerdos con exfuncionarios del DAS, en el caso de las interceptaciones ilegales; y el logrado por el exdirector técnico y jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, condenando a 7 años y seis meses de prisión y obligado a cancelar un multa de 142,2 salarios mínimos mensuales vigentes por el carrusel de la contratación del Distrito, se mantenían dentro de los márgenes establecidos por la Fiscalía y los abogados defensores. Pero la historia cambió.
En el caso de Salazar quien se declaró culpable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales dentro del proceso que se adelanta por la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), el Juez 43 de Control de Garantías impuso una condena más severa a la propuesta por la Fiscalía que era de 64 meses y la defensa, de 55 meses.
De ahí que el exvicepresidente Francisco Santos, manifestara a través de su cuenta de Twitter , la duda que pueden tener los ciudadanos comunes: "7 años de cárcel a los Nule y 10 para el viceministro Juan Camilo Salazar. Es mejor robar decenas de miles de millones".
Hay condiciones
Para el abogado Jorge Ignacio Calle, experto en derecho penal y procesal penal, cuando se presentan estas situaciones no se puede decir que no vale la pena negociar, porque debe tenerse en cuenta que el acuerdo se hace entre dos partes: Fiscalía y la defensa. Sin embargo, es el juez, en su calidad de tercero, quien debe decidir la conveniencia del mismo.
"Si la defensa y la Fiscalía llegan a un acuerdo y con base en él la Fiscalía hace una solicitud de condena específica, esa solicitud en principio debería ser acogida y respetada por el juez. Pero los principios tienen sus excepciones, en algunos casos se ha reconocido vía jurisprudencia que los jueces pueden hacer algo diferente", señaló Calle.
Fabio Espitia, abogado de Salazar, señaló que la decisión del juez desconoce hechos que la Fiscalía valoró como son la colaboración de Salazar, "su actitud, el hecho de que haya reconocido que a través de una actuación negligente, podría ser descuidada, habría permitido que unos particulares se hubiesen apropiado de dinero público".
De ahí su decisión de apelar la condena ante el Tribunal Superior de Bogotá, un trámite que podría durar unos tres meses. Es ese periodo, no se afectaría el principio de oportunidad suscrito por Salazar por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
"El preacuerdo y el principio de oportunidad están íntimamente ligados y que de una u otra forma las declaraciones que pueda brindar están muy vinculadas al éxito de la Fiscalía cuando habiendo podido acudir a un juicio decidió declararse culpable de unos delitos", señaló Espitia.
La decisión del Juez 43 de Control de Garantías será investigada por el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). La Procuraduría también podría establecer cuáles fueron los alcances del acuerdo entre la Fiscalía y la defensa y por qué se duplicó la pena.
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