El general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, visitó esta semana Cali para verificar la situación de la cárcel de Villahermosa. Le habló a 800 internos del patio 2, escuchó a dos de ellos y les prometió que buscaría soluciones para un hacinamiento de más del 300 por ciento.
El oficial, quien hace cinco años fue comandante de la Metropolitana de Cali y luego de la Regional No. 4 (Valle, Cauca y Nariño), habló con el diario El País sobre la crisis carcelaria que vive Colombia. Aunque aclaró que no es de su jurisdicción, analizó el problema de los menores infractores y de sus centros de reclusión, a raíz de los motines que en menos de un mes han dejado tres muertos y 66 fugados.
-¿Con qué se encontró en su visita a la cárcel de Villahermosa?
"Con una cárcel de 1958 que necesita repararse, mejorarse y acondicionarse. Es que a esa cárcel no le han metido un peso. Tenemos unos pabellones que están para caerse y para eso necesitamos el apoyo del Gobierno local".
-La crisis carcelaria está llegando al límite. ¿Cree que es necesario, como dice la Defensoría y la Personería decretar la emergencia carcelaria?
"La emergencia carcelaria, según algunos entendidos y estudiosos, no daría resultado en Colombia. Lo que sí se puede pensar es en una emergencia social que involucre, por ejemplo, a las universidades en la atención carcelaria".
"Cuando yo llegué hace dos años me encontré con que había internos que tenían derecho a su libertad hacía año y medio pero nadie se había puesto en la tarea de tramitarla. Entre el 2011 y el 2012 el Inpec hizo 22.000 peticiones de libertad. De esos nos quedan, tal vez, unos 6500 por hacer efectivas. Pero es que el 40 por ciento de la población de las cárceles de Colombia es analfabeta".
-Llevamos muchos años con el problema del hacinamiento, pero solo hasta ahora se le presta atención. ¿Por qué el problema creció tanto?
"Diferente a otros directores, esta administración se encargó de visibilizar los problemas carcelarios. Es que yo recibí el cargo con 82.000 presos y con un 26 por ciento de hacinamiento. A hoy, las cárceles tienen 116.720 presos con hacinamiento del 54 por ciento, están entrando en promedio 3200 presos mensualmente y se nos están quedando entre 1500 y 2000 al mes. Es decir que habría que construir una cárcel cada mes. Lo que se buscaba con el sistema penal acusatorio era estandarizar la población del sistema carcelario. Pero, ese sistema ha tenido al menos 26 reformas, entonces eso provocó un aumento poblacional inmenso".
"Además, en el Congreso se han abortado más de 17 proyectos de crear conductas punibles. Hoy el Inpec tiene 75.600 camas o cupos. Pero, los condenados son 80.000. Es decir que el Inpec solo tiene capacidad para tener los condenados. Los indiciados son responsabilidad de los alcaldes, de acuerdo con la Ley 065".
-¿Por qué si la cárcel de Jamundí se construyó para descongestionar Villahermosa y llevarse todos los condenados, hoy la mitad de reclusos que hay en Cali son condenados?
"Porque Jamundí está llena. Yo la recibí con cien internos. Pero, es que el crecimiento poblacional en Cali es muy alto. Vino una ley de pequeñas causas, declarada inexequible, y la ley de Seguridad Ciudadana en el 2011. Pero, aunque la ley de pequeñas causas desaparece, todos los sindicados fueron recogidos por el Inpec. La población que tiene hoy el Inpec es la que debería tener en el 2022".
-¿Cree que hubo un error en esas leyes y que hay gente presa que no debería estarlo?
"Cuando se tramitó la ley de pequeñas causas debió pensarse en ciudadelas judiciales. Ya tenemos casi 40.000 sindicados. Gente que lleva un año sindicada o dos o tres. No les resuelven los problemas jurídicos rápidamente".
-¿Y colapsó el sistema penitenciario?
"Claro. Es que estamos en un hacinamiento del 54 por ciento.
-¿Y ese colapso se debe al colapso del sistema penal acusatorio?
"Se debe a las 26 reformas que tuvo la ley penal. El vademécum de conductas punibles contempla 480".
-Pero parece que los colombianos se sienten más seguros cuando aumentan las leyes...
"Es que hay sensaciones de seguridad, incluso nosotros como policías, cuando se captura a un delincuente en flagrancia y se le entrega a un juez, nos sentimos con el deber cumplido cuando el individuo pasa a una cárcel. El ciudadano al que le roban el celular lo que quiere es ver al ladrón detenido, pero hay conductas de conductas. Hay internos que nunca han cometido otro delito, que robaron un celular sin violencia y los detienen. Allí está el cuello de botella".
-Ahora que es el director nacional del Inpec, ¿le cambió la percepción? Usted, cuando era comandante de la Policía en Cali, criticaba que muchas de las capturas terminaban en libertad.
"Son las dos orillas. Cuando estaba de comandante quería que todos los detenidos fueran a la cárcel, ahora en el Inpec quiero que mis internos que, han cumplido su pena, recuperen la libertad".
"La Ley de Seguridad Ciudadana me cambió las conductas punibles. Se incrementó la población de mujeres: pasamos de 4300 a 8700, la mayoría por tráfico de estupefacientes".
-Uno de las conductas que sanciona esa ley es el porte de armas. ¿Usted cree que las personas que son detenidas dos veces en la calle portando un arma deberían estar libres?
"Lo que pasa es que la Ley de Seguridad Ciudadana tipificó el porte de partes de arma. La norma fue muy exegética. Tenemos casos como el del hombre que pasó 64 días en la cárcel porque hurtó un caldo maggie, el interno que cogieron en un centro comercial porque se robó una caja de condones y estuvo 60 días detenido. Es que un interno le cuesta al país 13 millones de pesos al año".
-¿Cuál es la solución de esta crisis?
"A corto plazo hay que tomar medidas serias de la aplicación de la ley penal. Es que se aplica de forma subjetiva. Hay que darle herramientas a los jueces para la aplicación de ciertas conductas: la reclusión domiciliaria, la libertad condicional, permisos de 72 horas".
-¿Cree que la reforma que presenta el Ministerio de Justicia al Código Penitenciario podría ayudar en algo?
"Va a ayudar es a administrar la pena pero no dejar en libertad a la persona".
-¿Y eso va a solucionar el problema?
"No. Es que el Código Penitenciario debe administrar la pena y por otro se debe pensar la forma penal, de conducta punible como tal. De nada sirve mejorar el sistema penitenciario si la conducta punible está allí. Este es un problema de estado que debe ser solucionado entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial".
-¿Usted cree que el Inpec es el único responsable de los presos?
"Es que nadie quiere saber de sus presos. Nelson Mandela decía que la radiografía de un país está en sus cárceles. En ciudades grandes como Medellín y Cali hemos sacado de las cárceles unos 10.000 presos y al mes están de nuevo repletas. Hay 12.000 demandas por retención carcelaria ilegal. Ya tenemos diez cárceles cerradas por hacinamiento. Solamente hay que coger esas providencias de los jueces y todo el mundo tendría ganada la demanda".
"El Presidente está muy preocupado, nos aumentó el pie de fuerza de la guardia en 1400 efectivos. Desde el 2011 el Inpec se dividió en dos. Ahora la entidad solo está encargada de custodia y vigilancia. Y existe una unidad administrativa encargada de logística, de alimentación, salud, de la infraestructura, de mantenimiento con un presupuesto de 500.000 millones de pesos y de allí tiene que pagar todo lo administrativo de comida y salud".
-¿Qué ha hecho esa unidad para esta crisis?
"Tiene 18 meses de creada. Tenemos mucha fe que la unidad nos dé todo el apoyo, pero hasta ahora no hemos recibido nada".
-Hay dos realidades: una de cárceles saturadas y la del ciudadano de la calle que pide que los delincuentes vayan a la cárcel...
"Se trata de romper paradigmas. En Alemania, por ejemplo, las condenas más altas son de 15 años, porque consideran que después de ese tiempo una persona no se resocializa. Como el caso atroz y gravísimo de ese teniente que mató a los dos niños y que fue condenado a 60 años. Tiene 30 de edad. Y si redime pena saldrá de la cárcel de 50 años. ¿Sabe cuánto vale un interno al Estado esos años? Cerca de mil millones de pesos".
-Pero, no podemos verlo solo en términos de plata. Se trata de justicia. Alguien que violó y asesinó niños. Por ejemplo, Garavito cuesta mucho ¿debería salir?
"Ahí es donde opera el sistema penitenciario. Hay que evaluar permanente si se está redimiendo y puede salir a la sociedad. Garavito tiene 42 años y no está redimiendo. Saldría de 80 años de edad. No redime porque no ha querido redimir. No va a salir porque tiene 42 años de pena y 110 procesos".
