Corren por estos días en el Ministerio de Educación para cumplir con un compromiso de la ministra María Fernanda Campo, quien le dijo a los directivos de las universidades que el próximo jueves tendrá listo el articulado de la propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior.
El anuncio tiene a la expectativa a los miembros de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y del Sistema Universitario Estatal (SUE), que esperan conocer el texto para definir sus estrategias de acción. Desde esos órganos se ha planteado rechazo a pilares de la propuesta del Gobierno, aunque ambas partes llegaron a una sintonía importante.
Los tres actores estuvieron sentados esta semana en una mesa de trabajo en la que se pusieron más o menos de acuerdo en varios puntos como, por ejemplo, autonomía universitaria y financiación.
Danilo Reinaldo Vivas Ramos, presidente del SUE, estuvo en esa mesa y contó que, junto a Ascún, presentaron al Ministerio la idea de crear una ley estatutaria para garantizar la autonomía universitaria. La propuesta no tuvo buena acogida porque según el Gobierno ese tipo de leyes son para derechos fundamentales.
Algo se ganó, porque según explicó Javier Botero Álvarez, viceministro de Educación Superior, varios de esos puntos fueron acogidos en la propuesta de ley ordinaria.
En Ascún y el SUE no se resignan. Esperan conocer de qué manera quedan escritos los puntos recibidos para saber cómo y cuándo llevar el proyecto de la estatutaria al legislativo.
En el tema de la financiación, Danilo Reinaldo Vivas hace una salvedad: el Ministerio acogió la propuesta de incrementar el presupuesto anual de las instituciones de educación superior públicas a tres puntos porcentuales, desde 2012 a 2022.
El SUE pedía que la mitad de la adición fuera a la base presupuestal y el resto a atender ampliación de cobertura, capacitación docente, investigación con criterios de regionalización, entre otros puntos. El Gobierno, no obstante, no acogió esa propuesta y distribuirá todo de acuerdo con unas consideraciones establecidas.
En el que puede ser el tema más fuerte de la propuesta, los directivos universitarios se mantienen en no apoyar que el servicio de educación superior lo puedan prestar instituciones con ánimo de lucro. Por eso, dijo Vivas, no propusieron nada sobre el manejo de esas universidades y las iniciativas fueron todas del Ministerio, como controlar el origen de los recursos de las con ánimo de lucro, otorgarles autorización temporal, que no recibirán apoyo financiero del Gobierno y tendrán un límite en la participación total de la matrícula del país.
Ya con una propuesta acordada en varios aspectos, la Ministra ha dicho que pretende llevar en nueve días la iniciativa al Congreso -el 20 de julio- aunque a Reinaldo Vivas no le parece adecuado que eso se haga en una época en que gran parte de la comunidad académica universitaria está en vacaciones.
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