Ante la ausencia del informe sobre la situación de derechos humanos de Medellín, que desde 2003 venía publicando la Personería, distintas ong decidieron elaborar un dossier sobre la grave realidad que se vive en distintas comunas de la ciudad.
El informe, presentado ayer, concluye que Medellín perdió el año en materia de derechos humanos por los 1.026 homicidios entre enero y octubre, por las 8.387 personas víctimas del desplazamiento intraurbano, entre otros preocupantes casos como las desapariciones forzadas en la comuna 8 y la vinculación de menores a combos y bandas en distintas zonas.
Pero ayer quedó también en evidencia la molestia por la labor que viene desempeñando la Personería en la atención oportuna y en la falta de periodicidad en la emisión de sus alertas. Así lo indicaron el Instituto Popular de Capacitación (IPC,) Convivamos, el Observatorio de Seguridad Humana, la Escuela Nacional Sindical, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean y la Corporación Vamos Mujer.
Todos sus voceros expresaron la inconformidad por la "pérdida de liderazgo" y la "falta de presencia institucional" de la Personería de Medellín, que en los últimos años se había convertido en punta de lanza de la defensa de los derechos humanos en la ciudad y aliada de las organizaciones sociales, que trabajan con víctimas y la población vulnerable.
Las críticas a la Personería
Las conclusiones de estas organizaciones no solo arrojan que Medellín afronta una "grave crisis humanitaria", sino que demuestran ese malestar con la Personería, que durante ocho años ininterrumpidos elaboró el informe que era revelado el 10 de diciembre, fecha conmemorativa del Día Internacional de los Derechos Humanos.
"Es notoria una disminución del perfil de la Personería como entidad defensora de los derechos humanos de la ciudadanía", aseguró Omaira López, de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean.
Agregó que "hay un distanciamiento con las organizaciones por la politización en la entidad y sus posturas opuestas frente a la situación de crisis humanitaria que advierten nuestros informes".
La misma referencia sobre una ausencia de la Personería en los sectores azotados por la violencia urbana hizo Heidi Gómez, delegada del Observatorio de Seguridad Humana, quien hizo hincapié sobre la grave situación de la comuna 8, afectada por la disputa entre los combos asociados a "la Oficina" y la banda de "los Urabeños".
La zona no solo padece la violencia que se refleja en 72 homicidios en 2012, 334 familias desplazadas (96 de ellas afrodescendientes), 440 casos de vinculación de menores a los combos delincuenciales y 24 presuntas desapariciones forzadas.
También, según Gómez, en esta zona hay sectores que fueron despoblados casi por completo, en especial las habitadas por afrodescendientes, señalados de ser parte de "los Urabeños", donde no han podido verificar las denuncias por la intensidad de los enfrentamientos y falta de condiciones de seguridad.
"También hay una queja generalizada de la comunidad, que se siente abandonada por la Personería, cuya presencia fue muy activa en esa comuna para atender a la población desplazada en años anteriores", agregó la investigadora social.
A esas voces críticas por la labor de Rodrigo Ardila Vargas, actual personero, se sumó la del expersonero Jairo Herrán Vargas, quien ejerció el cargo por dos periodos consecutivos entre 2004 y 2012, tiempo en que este órgano del Ministerio Público ganó reconocimiento en la ciudad y en todo el país por su activa labor en la defensa de los derechos humanos.
Según Herrán, la Personería había ganado reconocimiento porque "fue proactiva y comprometida, pero no desde la retórica sino operativa. No encubría lo que pasaba en la ciudad y con un equipo amplio se hicieron intervenciones preventivas y reactivas que la gente extraña".
Como ejemplo de la perdida de presencia en la ciudad, un exfuncionario de la Personería, que pidió la reserva de su nombre, recordó que el equipo de investigadores estaba conformado entre 20 y 25 investigadores, como sociólogos, antropólogos, abogados y ambientalistas.
Ellos elaboraban los informes, que incluían desde análisis de criminalidad, denuncias contra grupos ilegales o la Fuerza Pública y seguimiento a temas de salud, pobreza, derechos de la población Lgbti o los habitantes de la calle y la niñez. "Ese grupo fue desmantelado y hoy tiene una cuarta parte de esos investigadores", sostuvo el exfuncionario.
Hallazgos del informe
El informe de derechos humanos de 2012 presentado ayer por las ong advirtió como grave el problema del desplazamiento forzado intraurbano. Entre enero y noviembre 8.387 personas fueron desplazadas de los barrios de Medellín, según la ong Convivamos. Las comunas con más casos fueron la 13, 8, 9, 1 y 3.
La comuna 13 también preocupa por ser la zona con más homicidios cometidos este año (143 entre enero y octubre), atribuidos a la disputa de 11 combos identificados al servicio de "la Oficina", "los Urabeños" y "los Pesebreros". "Esta cifra corresponde al 13,9 por ciento del total de los asesinatos, a pesar de ser la zona más militarizada de la ciudad", indicó el Instituto Popular de Capacitación (IPC), encargado del informe sobre este sector. Según los investigadores, en esta zona se presenta un "fenómeno híbrido" derivado del conflicto armado y la delincuencia común, debido a la presencia de "los Urabeños" y otras conformadas por reinsertados de las autodefensas después de la desmovilización.
La persistencia de la violencia contra las mujeres fue otro tema central del informe, que indicó que hasta octubre se cometieron 78 "feminicidios" en Medellín, de los cerca de 200 que van en todo Antioquia.
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