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La preocupación por la violencia de las bandas criminales, que se evidenció en 2010 con un aumento del 40 por ciento en las masacres, contrasta con el compromiso del Gobierno colombiano en la defensa de los derechos humanos, con resultados como la Ley de Víctimas y la disminución de las ejecuciones extrajudiciales.
Así lo consigna el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia en el año 2010, revelado ayer en Bogotá.
Durante la presentación, el representante en Colombia, Christian Salazar, expresó la preocupación del organismo por "un aumento de la violencia generada por estos grupos armados ilegales".
"Son la principal amenaza al estado de derecho y a los derechos humanos en Colombia", expresó Salazar, al tiempo que, según el informe, solo en Córdoba, se registraron 10 masacres en 8 meses, de las cuales cinco ocurrieron en octubre y noviembre de 2010.
Estas bandas cometieron "homicidios, amenazas, extorsiones y actos de violencia sexual, y provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos", afirmó Salazar.
El funcionario indicó, además, que tras la desmovilización "hay elementos de continuidad", ya que "el 12 por ciento de los capturados pertenecían a las Auc", en su mayoría mandos medios que "tomaron posiciones clave en estos nuevos grupos".
El informe reconoce la disminución de los "falsos positivos", aunque estima que más de 3.000 personas pudieron ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas en un 89 por ciento al Ejército, entre 2004 y 2008.
Denuncia violaciones persistentes de los grupos guerrilleros, como "infracción al principio de distinción" por parte de las guerrillas, especialmente las Farc, que resultó en numerosas personas civiles muertas y heridas". "La siembra de minas antipersonal continúa causando grandes daños a la población civil".
Según la oficina de la Alta Comisionada, Farc y Eln "siguieron tomando rehenes, lo que "constituye una grave violación del derecho internacional humanitario".
El informe también incluye recomendaciones como una revisión de la ley de Justicia y Paz para agilizar condenas y resultados de la reparación a víctimas.