<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=378526515676058&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
HISTÓRICO
Otra vez suenan las bandas
  • ILUSTRACIÓN ESTEBAN PARÍS
    ILUSTRACIÓN ESTEBAN PARÍS
EL COLOMBIANO | Publicado el 19 de abril de 2014

Nuevamente se agita el rumor según el cual dos de las más tenebrosas  organizaciones criminales del país, los Urabeños y la Oficina, quieren y buscan acercamiento con las autoridades para negociar eventuales acuerdos de desmovilización, entrega de armas e incluso reparación a sus víctimas, que se cuentan por miles.

Previo a esto, mucho se ha hablado de un supuesto pacto entre las bandas, formalizado mediante partidos de fútbol, sancochos barriales y hasta quema masiva de pólvora, para reducir la actividad delincuencial en la ciudad, que abarca casi todos los títulos del Código Penal: homicidios, lesiones personales, desplazamiento forzado, trata de personas, extorsión, narcotráfico, reclutamiento de menores, hurto, daño en bien ajeno, porte ilegal de armas, fabricación de municiones, violencia sexual, cohecho y un muy largo etcétera.

Las autoridades de Medellín, tanto las civiles como las policiales, han desmentido enfáticamente estos supuestos acuerdos de apaciguamiento. La negación de los pactos, por supuesto, tiene mucho que ver con un asunto de honor profesional: si ha habido disminución de la criminalidad es por acción eficaz de la autoridad, dicen la Alcaldía y el Comandante de la Policía Metropolitana, y no porque los bandidos lo hayan decidido así.

Otros, en cambio, como colectivos de derechos humanos y ONG, no solo dan por cierto el pacto entre grupos criminales, sino que le atribuyen la mejora en los índices de seguridad. No es, por supuesto, un debate baladí.

Que esos grupos criminales (sea cual sea la variopinta denominación que se les asigne: bacrim, combo, Odin, reductos paramilitares no desmovilizados, etc.) o quienes dicen ser sus cabecillas, busquen tantear el terreno para ver hasta qué punto las autoridades civiles y judiciales les conceden beneficios y la sociedad los acepte, no es nuevo.

Como recordó este periódico el pasado martes, ya desde 2007 el capo Daniel Rendón Herrera, en plena persecución por parte de la ley, lanzaba el anzuelo de una “desmovilización negociada”. A comienzos de 2011 volvió a mencionarse el tema, y tanto el ministro del Interior y Justicia de la época como el Director General de la Policía Nacional negaron de plano cualquier negociación o acercamiento.

En esta ocasión la negativa se repite, también en boca del Ministro de Justicia, Alfonso Gómez, y del actual Director de la Policía, general Rodolfo  Palomino. Y como ciudad directamente concernida y afectada por la posibilidad de acceder a tales beneficios, el vicealcalde de Gobernabilidad de Medellín, Luis Fernando Suárez,  reiteró su posición: “el único camino que tienen las estructuras delincuenciales es el sometimiento a la justicia”.

Decíamos en nuestro editorial del 19 de enero de 2011 (“Bandas: ¿negociar qué?”): “Si de verdad los integrantes de estas bandas pretenden un sometimiento, podrán hacerlo de conformidad con la ley penal vigente, entregándose a la Fiscalía, desarmándose, y suministrando la información para el desmonte de la estructura criminal (...) Incluso, podrán beneficiarse de las rebajas de penas y otras concesiones procesales que la Fiscalía y los jueces, en aplicación del Código Penal, están facultados a otorgar por colaboración eficaz con la justicia”.

Reafirmamos cada letra. Si hay un sometimiento a la justicia y una renuncia efectiva a la vida criminal y al azote continuo a una sociedad inerme, sería una buena solución para todos.

Contraposición

CONTRAPOSICIÓN

Por JOHN FERNANDO MESA ARIAS 
Coordinador de Redepaz Antioquia

Hay una política de Estado donde a estas bandas no se les mira como un actor armado. Ese es el primer problema, que la gente aún no los reconoce como unos actores armados.

Quien más los sufre directamente son las poblaciones, y ellos a través de los pactos que han hecho, les han dicho, vea, nosotros no vamos a matar a nadie. Estos pelaos desde hace como tres años están diciendo “estamos cansados de la guerra, porque en este momento solo tenemos dos posibilidades: una, que nos metan a la cárcel; dos, que nos maten. Dennos posibilidades de que la gente no se mate”.

La idea es que el Estado les preste atención como actores. Hay que darles una salida jurídica, una salida política y una salida social. Sobre todo lo jurídico y lo social. Ahí tenemos que mirar los problemas que eso genera:
1) Los expendios de droga, qué se va hacer con ellos, y quién los está manejando
2) La microextorsión en todos los lugares, qué vamos a hacer con eso
3) El tráfico de armas, que en la ciudad no se ha hablado casi de esto
4) La trata de personas.

Hay que mirar qué hacer con estas personas. Hay jóvenes que ya tristemente fueron hechos para la guerra, hay que trabajar con ellos y actuar rápidamente. Hay que hacer una resocialización muy fuerte en la cárcel, donde se pueda brindar una mayor atención.