Hay un ingrediente adicional que hace más complejo el episodio: el candidato a la Presidencia Óscar Iván Zuluaga confirmó que la persona capturada en el inmueble desde el cual supuestamente se violaban las comunicaciones gubernamentales es parte del equipo de "redes sociales y seguridad informática" de la campaña del aspirante por el Centro Democrático.
De inmediato, Zuluaga observó que reprueba cualquier actividad ilegal que pueda haber sido desarrollada desde esa oficina y reclamó resultados rápidos de las investigaciones y "la máxima condena a los responsables" de cualquier procedimiento clandestino y contrario a la ley.
Por eso mismo, dada la altísima sensibilidad de la etapa definitiva en que se encuentra el debate electoral, es que reclamamos el mayor tacto y rigor de la Fiscalía y del aparato judicial, para que los colombianos -y de ellos muy especialmente los electores- reciban un mensaje de total claridad respecto de los autores y motivos de estas supuestas interceptaciones ilegales.
Ayer el fiscal General, Eduardo Montealegre, precisó que se pretende establecer a quiénes y con qué fines Andrés Sepúlveda, el experto en informática e internet, sindicado del espionaje, vendía la información obtenida mediante la vulneración de los correos de Santos y de los negociadores en La Habana.
Y se requiere la mayor precisión porque, según el Fiscal, el interés de estas actividades era el sabotaje de las conversaciones Gobierno-Farc, un proceso tan problemático en su conducción como trascendental para el futuro de un país expectante que anhela la paz, pero que desconfía de la voluntad de la guerrilla.
El Fiscal anunció que se busca establecer "quién y por qué con esa información obtenida de manera irregular pretendía sabotear, interferir y afectar el proceso de paz". Además, ratificó que desde la oficina allanada se interceptaron correos institucionales del Gobierno, de periodistas encargados de cubrir las negociaciones y los del mismísimo presidente de la República.
La gravedad otorgada por los investigadores a estos hecho es mayor que la del "caso Andrómeda", que se destapó en febrero pasado, cuando se detectó un restaurante en cuya trastienda funcionaba un centro de interceptaciones telefónicas y de internet que era operado por integrantes de la inteligencia militar. La legalidad o ilegalidad de estas actividades continúa bajo investigación.
En este caso, por tratarse de un civil particular y por su calidad de contratista de una de las campañas a la Presidencia, es que demandamos una gran responsabilidad judicial y política de la Fiscalía, si se piensa en el influjo que cualquier acción de la justicia puede tener en la opinión pública y en el curso inmediato del debate electoral y el proceso de paz.
Este incidente y el del publicista J.J. Rendón plantean interrogantes sobre el enrarecimiento del ambiente de las campañas en su recta final.
Lo que sí condenamos, y no podemos dejar de reclamar que se combata, son estas prácticas que vulneran principios elementales del Estado de Derecho, la Constitución y la Ley
EN LA TERCERIZACIÓN DE UN SERVICIO, UNO NO CONTROLA A LA OTRA EMPRESA
Por PAOLA HOLGUÍN
Senadora electa por el Centro Democrático
Lo primero: cualquier tipo de denuncia que se haga sobre un delito debe ser investigada con profundidad y los responsables tienen que ser castigados.
Segundo: esta empresa funcionó como asesora externa de la campaña en temas de redes. Es la única relación, el único vínculo que hay, y por lo tanto no está bien presentar esto como si fuese un asunto del que tuviera responsabilidad nuestro candidato.
Tercero: en mi opinión personal, aparece una nueva cortina de humo, por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, para no responder sobre temas delicados como la posible negociación de asesores suyos, con su anuencia, con narcotraficantes (tema al que fue vinculado el ya retirado publicista J.J. Rendón) o el caso de Andrómeda.
A Óscar Iván Zuluaga lo buscó la actriz Lina Luna y le ofreció sus servicios y los de su mamá (Myriam de Lourdes), para asesorarlo en temas de expresión corporal. Luego le ofrecieron los servicios de esta empresa (en redes sociales y seguridad informática) y él accede. Si hay algo de ilegal en esa compañía, que se le investigue y si es del caso se lleve a la cárcel a cualquier responsable. Pero es así de simple: cuando uno terceriza un servicio y lo recibe no tiene ningún control sobre el contratista. Aquí debe entrar a operar la justicia.
