A pesar de su arrepentimiento por haber instaurado una solicitud de conciliación millonaria al Estado por los perjuicios ocasionados con su largo secuestro, hoy pocos parecen creer en las palabras de Íngrid Betancourt.
"Me arrepiento de presentar la conciliación de la forma en que lo hice. Lo importante es decir que no hay demanda. Los culpables de mi secuestro son las Farc. Los que me liberaron son los héroes de la Operación Jaque", declaró Betancourt en entrevista pública.
Dijo además, no recordar que firmó un documento en el que se responsabilizaba de su seguridad si decidía ingresar a San Vicente del Caguán y reiteró que no fue advertida del peligro.
Las palabras de la ex secuestrada fueron descalificadas por el general (r) Arcesio Barrero, ex comandante de la Cuarta División del Ejército, quien indicó que Íngrid no acató las recomendaciones que le dieron las fuerzas de seguridad el día de su secuestro. "Es una mentira que yo le haya dado las garantías de seguridad. A ella se le advirtió el riesgo", explicó Barrero.
Además del documento antes mencionado, el DAS tiene en sus manos una carta enviada por el teniente coronel Carlos Julio Hernández Acero, en 2002, jefe de la oficina de protección especial del DAS, en la que le avisaba a la candidata presidencial que la situación de esa zona era de alto riesgo para ella y para su comitiva.
La carta fue recibida por el Partido Colombia Nueva. La copia de esta misiva será presentada el 6 de agosto, día previsto por la Procuraduría para la conciliación.
Otras demandas
Otros ex cautivos que han interpuesto acciones legales son la ex representante a la Cámara, Consuelo González de Perdomo, y el ex diputado del Valle, Sigifredo López.
"Planteé un proceso de conciliación con el Estado, no por lucro cesante, porque yo recibí mis salarios como congresista, sino por los daños morales. A la conciliación no asistió nadie por parte del Estado, por lo que se instauró una demanda por reparaciones morales que no ascienden ni a 500 millones de pesos", señaló González de Perdomo.
El ex diputado del Valle, Sigifredo López, indicó que demandará al Estado por los perjuicios patrimoniales y morales que le dejaron casi siete años de secuestro en poder de las Farc, además fue enfático en señalar que su caso es diferente al de la ex candidata presidencial, ya que él y sus compañeros asesinados fueron sacados de su lugar de trabajo, convirtiéndolos en secuestrados políticos.
Para el analista Juan Manuel Charry, hay que entender una diferencia importante y es que una cosa es la responsabilidad del Estado y otra la del delito. El Estado responde cuando hay una falla en el servicio. "La confusión que no se puede permitir es que quieren que el Estado responda por la comisión de un delito de las Farc. Ahora, en cada caso hay que verificar si el Estado cumplió con sus servicios. En el caso de Íngrid, como se señala que se le advirtió del riesgo, ahí el Estado no tiene responsabilidad. Para el caso de los diputados del Valle, hay que evaluar si el Estado cumplió con las medidas de seguridad. Si la delincuencia las sobrepasó, no hay responsabilidad estatal, pero si es al contrario, y no había vigilancia en el edificio o los policías no estaban donde deberían, pues podría haber una falla del servicio y en consecuencia una responsabilidad del Estado", explica Charry.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
![[En video] Gatos que disfrutan el agua](http://estaticos.elcolombiano.com/binrepository/427x225/0c0/349d224/none/11101/GEEE/gatos-que-disfrutan-el-agua-imagen-destacada_48225045_20250702115430.jpg "[En video] Gatos que disfrutan el agua")
