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Representantes de mineros y campesinos de los municipios antiqueños de Segovia y Remedios denunciaron las intimidaciones un grupo ilegal que, a través de un panfleto, amenaza de muerte a líderes de organizaciones sociales, comerciantes y población en general para que desistan de apoyar el paro agrario convocado para el 19 de agosto.
El mensaje fue distribuido en las calles de ambos municipios reconocidos por su vocación minera y hace un llamado a la comunidad en general del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio para "no colaborar" en el paro. "Serán declarados objetivo militar todos los que participen y vallan al paro y si ustedes participan es porque quieren apoyar a los de la izquierda", a la que vincula con acciones de la guerrilla en la zona.
Con la amenaza de "muerte a sapos" el panfleto fue dirigido especialmente contra la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y dos de sus líderes: Oscar William Macias y Ramiro Ortega.
Según la denuncia de estas organizaciones, "el objetivo es intimidar para debilitar la participación efectiva de la población en el paro Regional y Nacional; la comunidad rechaza estas amenazas y manifiesta su participación masiva en cada uno de los escenarios de exigencia y de protesta social y pacífica".
En su denuncia, ambas organizaciones sociales pidieron a las autoridades garantizar la vida, integridad y permanencia en el territorio e investigar las amenazas. También recordaron que la Defensoría del Pueblo ha advertido en varios informes de riesgo las condiciones de vulnerabilidad de los mineros pequeños por la violenta disputa entre las bandas criminales de "los Urabeños" y "los Rastrojos" por el control de la explotación minera de oro en la región.
Durante el año 2012, los municipios de Remedios y Segovia registraron un aumento del 200 por ciento en el número de homicidios, lo que según las autoridades, fue la consecuencia del enfrentamiento entre ambos grupos ilegales por el control territorial y de rentas ilegales de la extorsión a los mineros, comerciantes y el microtráfico de alucinógenos.
Tras la convocatoria del paro nacional agrario por parte de varios gremios productivos inconformes con las políticas del Gobierno, sus altos funcionarios han indicado que se respeta el derecho a la protesta, pero advirtió que no tolerará acciones violentas ni bloques de vías.