La agotadora pelea entre el expresidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos ha evidenciado dos diferencias de pensamiento en Colombia en cuanto al conflicto armado. Corrientes que no solo defienden ellos en sus pendencieros intercambios, sino que son diferencias que han polarizado la opinión pública.
Las esquinas conceptuales son: en un lado el sector que trabaja en la búsqueda de la paz, y en el otro, el grupo que promueve la intensificación de la defensa. En una esquina: disparar la bala de la seguridad, y en la otra: agitar la bandera blanca. El indulto y el perdón contra la reprimenda y el castigo.
Ahora bien, la amplitud del péndulo ha mostrado, con el marco legal para la paz como el nudo gordiano, que el debate radica en el sentido de justicia que tiene la sociedad nacional.
Colombia ha sido un país que ha mostrado, históricamente, la voluntad política para otorgar amnistías e indultos a los que han buscado dejar las armas. El M-19 es un ejemplo de eso, y el hecho de que sus exrepresentantes sean hoy dirigentes políticos influyentes con importantes caudales electorales es una evidencia de la solidez de eso en la inclusión de la democracia nacional.
Pero eso ha cambiado. Y no solo en Colombia.
Internacionalmente el concepto de impunidad se ha vuelto de mayor riesgo, y por eso los Estados han acordado aplicar la justicia internacional cuando los sistemas nacionales no tengan la capacidad, por incompetencia o falta de voluntad, de sancionar a los responsables de los crímenes atroces.
La Corte Penal Internacional entró en vigor para someter a la impunidad, no para facilitar las negociaciones de paz en el mundo. Y por eso es relevante preguntarse qué quiere la sociedad colombiana frente al conflicto guerrillero y la posibilidad, cada vez más confusa, de los diálogos para el desarme total.
En algún punto, más adelante en este gobierno o en uno próximo, para hablar de posibles diálogos y del fin de un conflicto que ha detenido el desarrollo del país, la opinión pública tiene que establecer, si lo que se quiere es dejar ese pasado atrás, dar indultos y empezar un nuevo capítulo de la historia nacional; o buscar la verdad, investigar los delitos, castigar a los responsables y perseguir un sentido de reprimenda por los crímenes cometidos.
No es un tema exclusivo del gobierno. Es una problemática que incluye a toda la sociedad. Por eso se debe buscar la manera, por medio de un plebiscito, votación o referendo, de responder ante esa incógnita del futuro, el presente y sobre todo el pasado colombiano.
No pueden ser tintas medias. O por la amnistía o por el castigo. Sabiendo que cualquiera que sea la decisión tiene efectos secundarios que se deben sopesar.
Si es el perdón, eso incluye la posibilidad de legitimar políticamente a cabecillas de la guerrilla que nunca pagarían penas por sus crímenes o incluso perdonar delitos de las fuerzas armadas cometidas en el ejercicio y el calor de la guerra. No puede ser: unos sí, pero los otros no.
Si es la sanción, habría que asumir el costo social de investigar sin descanso y revivir constantemente una terrible historia nacional de sangre que no debe quedarse así hasta que sus responsables, guerrilleros o estatales, paguen justa, apropiada y completamente sus penas.
Todos queremos la paz, la incógnita es cómo la queremos tener.
