Dos décadas después del magnicidio de Carlos Pizarro Leongómez la justicia vinculó a ex funcionarios del DAS en el crimen.
El paso del tiempo hacen borrosos los recuerdos y de nuevo los archivos de prensa rememoran el desangre de un país que se hundía en el dolor de la violencia con los magnicidios de los líderes políticos de la época.
Como los asesinatos de Luis Carlos Galán (18 de agosto de 1989) y Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo de 1990), el crimen de Carlos Pizarro Leongómez, muerto hoy hace 20 años, fue un eslabón más de esa cadena de barbarie desatada por el narcotráfico y los grupos armados ilegales.
La Justicia, sin muchas luces en estos casos, también declaró el asesinato de quien fuera el máximo líder del M-19 un delito de lesa humanidad -al igual que los homicidios de Galán y Jaramillo Ossa-, como una medida para tratar de esta muerte no quede impune.
Para el fiscal encargado del caso, Gustavo Reyes, la decisión fue tomada porque, con el asesinato de Pizarro "se activa la imprescriptibilidad de la acción penal".
"El de Pizarro hizo parte de un plan ejecutado con conocimiento y de forma sistemática en contra de dirigentes de izquierda por grupos de autodefensas" o paramilitares, sostuvo Reyes, adscrito a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19 para las elecciones presidenciales de 1990 (ganadas por César Gaviria Trujillo), fue asesinado el 26 de abril de ese año por el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe cuando el avión en que se desplazaba había acabado de despegar de Bogotá a Barranquilla.
El homicida de Pizarro fue muerto por la escolta del candidato tras el ataque y sólo en 2001 hubo avances significativos en el caso, cuando el jefe paramilitar Carlos Castaño reveló en su libro Mi confesión, que fue él quien ordenó el crimen. "Yo entrené al muchacho que realizó la acción", aseveró.
El único condenado hasta el momento por el homicidio de Pizarro es Castaño y con esta medida, aparte de evitar la prescripción de la investigación, la Fiscalía General de la Nación busca continuar con la práctica de pruebas hasta agotarlas. Desde este momento el ente investigador tendrá una década más para buscar justicia.
"Para nosotros es claro que la Justicia debe producir resultados y hay muchos casos en los que no se ha logrado ese fin", comentó Gabriel Jaimes, procurador Delegado para Asuntos Penales, a Colprensa.
Nuevos implicados
Según Jaimes, el pasado 6 de enero se comunicó con el fiscal encargado del caso y le informó que había un nutrido número de pruebas que demostrarían la participación de ex funcionarios del DAS en este crimen.
Documentos y testimonios, en poder de la Procuraduría, permiten considerar que en este hecho habrían estado vinculados el ex jefe de Inteligencia del DAS Alberto Romero y el detective Jaime Ernesto Gómez Muñoz. Las nuevas pruebas, según datos de los investigadores, apuntarían a que Romero y Gómez Muñoz habrían tenido alguna vinculación con los paramilitares al servicio de Castaño, informó Colprensa.
"En esta etapa de la investigación y una vez afirmada la responsabilidad en contra de Carlos Castaño, se ha abierto un nuevo horizonte y hemos escudriñado pruebas que podrían comprometer a estos agentes estatales como autores del asesinato de Pizarro", dijo Jaimes.
Al declararlo crimen lesa humanidad, la justicia espera que el magnicidio de Pizarro, como los de Galán y Jaramillo Ossa, o la bomba del avión de Avianca, no quede en la impunidad. Aunque para algunos, estos asesinatos, ya sólo sean fotos amarillas y recortes de prensa.
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