Congestiones en los sectores de La Alpujarra y San Antonio, el rechazo de las autoridades por la carencia de permiso y la ratificación de los motivos de la protesta por sus protagonistas, dejó ayer la movilización de transportadores afiliados a Asotransvaa, que se cumplió en el centro de Medellín.
Al hacer el balance de la jornada, el secretario de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo, admitió que en algún momento se paralizó San Juan desde EPM hasta la zona occidental, pero que pronto se continuó con la circulación.
Sobre la razón para no permitir el ingreso al sector de La Alpujarra, dijo que todos los buses de Medellín deben cumplir con un plan de rodamiento y prestar el servicio en sus rutas.
Si no lo hacen, advirtió, se da un abandono de ruta, es una infracción y no puede permitir que lo hagan, pues los ciudadanos los requieren.
Puso como ejemplo que a un habitante de Pedregal cómo le responde si el bus está en el Centro y no presta el servicio.
"No hay autorización para realizar marchas", advirtió Hoyos, al precisar que no es competente para autorizarlas, pero que tampoco permitirá que los buses dejen de atender el servicio en los barrios.
En ese sentido, el presidente de Asotransvaa, Juan Gonzalo Merino, señaló que el desfile previsto para el 24 se aplazó porque se estaban cumpliendo unos requisitos. "Ayer (martes) creyendo en la palabra de la autoridad, nos dijeron que estaba permitido, y por la noche llegó un comunicado que no había autorización de hacerlo", se quejó, al preguntar quién gobierna y quién da la palabra porque la protesta no es por capricho.
En cuanto a la denuncia de algunos de que a muchos alimentadores de las cuencas 3 y 6 les "quedó grande" su tarea, Hoyos Agudelo aseguró que no es cierto.
Hizo claridad en que está cumpliéndose con la programación que se tenía y reiteró que la entrada de los nuevos buses alimentadores será gradual de aquí hasta febrero de 2014.
"El servicio se está prestando porque los buses están habilitados para ello. El secretario de Movilidad es quien decide de acuerdo a la programación que existe, cómo van a salir los buses, pero lo prestan las nuevas empresas como está programado, y las que hoy tienen esa responsabilidad", afirmó.
Por su parte Merino aseguró que la opinión pública tiene que convencerse que aquí hay un problema socioeconómico, engaños e incumplimientos.
Lo respaldó en que los propietarios están engañados porque les ofrecen 70 u 80 millones por su patrimonio de toda la vida y "eso no es plata para uno irse del negocio".
Según Merino, los pequeños propietarios se sienten defraudados y el Estado no atina a ser su garante.
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