La providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró crímenes de lesa humanidad las muertes civiles durante la toma del Palacio de Justicia, decisión amparada en el Estatuto de Roma, abriría una puerta para eliminar el indulto al M-19.
Extraña, para algunos de los ex líderes del grupo guerrillero, que algunos de los implicados en el caso ni siquiera estuvieron en la toma e incluso varios murieron antes de la misma.
Uno de los argumentos que utiliza el Tribunal, para determinar que lo hecho por los insurgentes fue un crimen de lesa humanidad, es precisamente la consideración acerca de que no fue un atentado contra el Ejército, que era su 'enemigo' natural, sino contra población civil.
Según el fallo, "el comportamiento obedeció a un alto nivel de planeación metódica por parte de los miembros del grupo guerrillero M-19, de allí su sistematicidad; además, fue un hecho en el que se victimizó, en su mayoría, a ciudadanos indefensos los cuales fueron asesinados cuando se encontraban sin posibilidad alguna de repeler el ataque de los rebeldes que estaban fuertemente armados, siendo evidente que no fue un acto dirigido a reducir a su enemigo que eran las Fuerzas Militares colombianas, sino una agresión masiva contra la población civil que se encontraba en el lugar".
Para el Tribunal, no se trató de un hecho de azar donde en cualquier momento puede emerger el combate armado entre adversarios, sino de un acto deliberado encaminado a atacar a la población civil, agrega el fallo de 28 páginas.
De esta forma, de todos los delitos por los que los antiguos guerrilleros están siendo procesados, sólo el de homicidio y tentativa de homicidio son calificados como crímenes de lesa humanidad, dejando por fuera, por ejemplo, el delito de secuestro.
Petro pide aclaraciones
Gustavo Petro, antiguo miembro del M-19, consultado por Colprensa, pidió explicaciones concretas del Tribunal para que determine "qué tipo de delitos cometidos por los integrantes del M-19, con ocasión de la toma se incluyen en el Estatuto de Roma, si este estatuto es con fecha posterior a la toma", indicó Petro, al aclarar que si están cobijando sólo el delito de homicidio están incurriendo en una imprecisión porque "el homicidio no es un delito de lesa humanidad, no está en el Estatuto de Roma tipificado".
La sentencia también indica que sólo los delitos de homicidio y de tentativa de homicidio serán incluidos en el tema porque "los comportamientos de rebelión, hurto y uso de documento público falso (...), no pueden calificarse como delitos de lesa humanidad, no solo porque la norma internacional no los incluye en la relación de esa categoría de punibles, sino porque carecen de varios de los elementos que integran el concepto, ya que no comportan una infracción masiva o generalizada, no son hechos que afecten la conciencia de la humanidad y el sujeto pasivo no es la población civil, motivo por el que se concluye que simplemente se trata de delitos comunes conexos con el delito político de rebelión".
Jaime Castro, ex alcalde de Bogotá y ministro de Gobierno cuando sucedió la toma al Palacio de Justicia, dijo que esta providencia del Tribunal Superior de Bogotá debe tener un fundamento jurídico, "yo espero que esto no sea un simple expediente para cubrir la falta de diligencia de la justicia durante 25 años", señaló Castro.
Tras una verdad jurídica
El abogado y analista político Darío Acevedo considera que este nuevo capítulo en la historia del Palacio de Justicia, "es un alegato de mucha finura jurídica. En el sentido en qué puede considerarse imprescriptible en el derecho internacional y qué no. También a partir de qué momento. Creo que ahí no se debe centrar la polémica, porque me parece que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, apunta es a restablecer una verdad jurídica importante en la historia colombiana, pues las personas involucradas en este hecho ya están muertas".
Y es que todos los relacionados en la sentencia eran efectivamente miembros del grupo insurgente, pero ya están muertos. Según confirmó Petro, no entraron a la toma o incluso murieron antes de la misma.
Informes revelan que Israel Santamaría murió en combates en Antioquia, siendo miembro de la Anapo, con posterioridad a los hechos del Palacio de Justicia por lo que no estuvo ahí (todos los guerrilleros que entraron, excepto dos, murieron en la retoma).
Rafael Arteaga desapareció en el Cauca con anterioridad a lo ocurrido ese 6 y 7 de noviembre de 1985. Él fue quien prestó su casa para hacer el robo de armas al Cantón Norte.
Remberto Artunduaga tampoco entró a Palacio, pero sí estuvo en la toma a la Embajada de República Dominicana y murió asesinado en Ibagué, entre otros.
Queda la pregunta en el aire de si este fallo podría abrir la puerta para que el indulto al M-19 que tuvo lugar en 1989 pueda caerse; aunque el tribunal indica que de los procesados, ninguno está adscrito al mismo.
Ahora está por definirse si los ex dirigentes del M-19 pueden o no desligarse de responsabilidades en el asalto al Palacio de Justicia. Para la defensa del coronel Alfonso Plazas Vega, condenado por un Juzgado Especializado de Bogotá a 30 años en primera instancia, será difícil porque, "bajo los mismos argumentos condenaron de manera injusta a Plazas Vega", sostuvo el abogado Jaime Granados Peña.
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