Mientras la máxima representante de Derechos Humanos de la ONU iniciaba ayer su visita a Colombia con recorridos por comunidades afectadas por el conflicto armado en Cauca, el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de revisar la permanencia de la institución en el país, generó sorpresa y rechazo en activistas y líderes de víctimas.
La declaración llamó la atención porque, al contrario de lo que se podría esperar, Santos no destacó la presencia de Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los D.H. En contraste, señaló que la función de supervisión y cooperación de su oficina ya no es necesaria en Colombia.
"Le voy a decir que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato o si se prolonga sería por muy corto tiempo, porque Colombia ha avanzado lo suficiente en respeto de los derechos humanos para decir que no necesitamos más de estas oficinas de las Naciones Unidas en nuestro país".
El pronunciamiento, en el acto conmemorativo del bicentenario de Cundinamarca, se dio dos días antes de la reunión del Jefe de Estado con Pillay (jueves), quien arribó al país para una visita oficial de cuatro días, en los que también planea reunirse con representantes de víctimas, indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos y funcionarios del Estado.
Críticas al Gobierno
Tras el anuncio surgieron críticas de dirigentes políticos y personas como Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas y relator de D.H. de la ONU para Haití. "Es desafortunado e inoportuno el anuncio de Santos, porque en el país persiste el conflicto y las atrocidades de guerrillas, bandas criminales o paramilitares y agentes del Estado".
El jurista agregó que el país no supera crímenes de lesa humanidad como homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas, hacinamiento carcelario, asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes de víctimas, "que ameritan la supervisión y denuncia de la oficina de la alta Comisionada de Derechos Humanos".
Gallón también considera "inoportuno" no renovar el mandato de la dependencia del organismo internacional en medio del proceso de paz del Gobierno con las Farc, "por la legitimidad que le da ante la comunidad internacional".
El congresista Iván Cepeda, fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, destacó que "el papel de Naciones Unidas ha sido fundamental para lograr que muchas comunidades y que los defensores de derechos humanos puedan desarrollar su labor en Colombia, por lo tanto yo considero que es una declaración no solamente equívoca sino absolutamente regresiva en derechos humanos lo que acaba de hacer el presidente".
Analistas de conflictos armados como Christian Voekle, de la ONG International Crisis Group, también advierten efectos negativos. "Colombia tiene avances, pero aún no supera el conflicto armado y si se logra un acuerdo de paz con las guerrillas el posconflicto amerita vigilancia y cooperación de organismos como la ONU, porque la experiencia con las autodefensas y en Centroamérica demuestran que pueden surgir disidencias o reductos violentos que atentan contra la población civil".
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