El debate y la polarización que hay en el país frente a los diálogos y la aplicación del Marco Jurídico para la Paz se agudiza. La causa: la polémica propuesta por el Fiscal General de permitir que guerrilleros que sean condenados por delitos de lesa humanidad participen en política tras su desmovilización.
En una audiencia en la Corte Constitucional, el fiscal Eduardo Montealegre Lynett, solicitó eliminar un aparte del artículo tercero del Marco Legal, que señala que los responsables de delitos de lesa humanidad y de genocidio, cometidos, de manera sistemática, no pueden participar en política.
El funcionario sorprendió al proponer que "aunque se sancionen y sean condenados por delitos de lesa humanidad puedan participar en política, como un gesto de reconciliación de toda la sociedad colombiana". Agregó que "no estoy de acuerdo que quien haya sido sancionado o condenado por un delito de lesa humanidad pierda de por vida sus derechos políticos".
Para pedir que la Corte considere inconstitucional ese artículo, que impediría a guerrilleros desmovilizados aspirar a cargos de elección como el Congreso, Montealegre argumentó que "consagrar sanciones perpetuas quebranta principios fundamentales de la Constitución como el derecho a la paz".
El Marco Jurídico es vital para el Gobierno en el proceso de paz con las Farc, ya que como figura transicional le permite al Estado negociar el fin del conflicto sin sacrificar la aplicación de la justicia, que en este caso brindaría beneficios a los desmovilizados.
En la misma audiencia, el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, defendió que "la participación política es el centro de gravedad de este y cualquier proceso de paz. No hay que tenerle miedo a la democracia, hay que temerle a la violencia".
Oposición por las víctimas
Pero esos argumentos no convencieron a otros funcionarios del Estado, que advierten riesgos de impunidad frente a delitos atroces cometidos durante el conflicto. "Que participen en política equivale a decir que no fueron criminales sino personas altruistas. Estamos ante una constitucionalización de todas las formas de lucha" reclamó el procurador Alejandro Ordóñez. Y recriminó a Montealegre: "A delitos severos, penas severas, no trabajo social, señor Fiscal. Eso es lo que se exige a estudiantes de colegio".
En contra del Fiscal también se mostró el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien advirtió que priman "los derechos de más de 6 millones 300 mil víctimas y considero que no deben cobijarse esos delitos en el proceso de paz". Las asociaciones de víctimas han respaldado el proceso de paz, pero reclaman que no se vulneren sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
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