La pregunta sobre si en Venezuela existen presos que pueden ser considerados políticos levanta un polvero que va más allá de las fronteras del país gobernado por Hugo Chávez.
La respuesta que dio la nueva ministra de Asuntos Exteriores de España, Trinidad Jiménez, ante la Cámara Alta del Parlamento de su país, en el sentido de que no hay ningún recluso que se pueda considerar como preso político y que sólo los catalogan como tal algunos partidos políticos de la oposición, trajo una reacción inmediata y muy fuerte en Europa.
El senador español Iñaki Anasagasti, del Partido Nacionalista Vasco (PNV) recordó que el gobierno venezolano no permite el ingreso de observadores internacionales a su territorio y que el propio Presidente desprestigia los informes de Human Rights Watch.
De acuerdo a este parlamentario español, en Venezuela hay alrededor de 60 presos políticos y en el país el sistema judicial está sometido a las reglas del Ejecutivo. En Venezuela hay quienes opinan que son muchos más.
Grupos de venezolanos en el país y en el exilio rechazaron la afirmación de Jiménez y por internet se transmitió una carta de un ex comisario, Iván Simonovis, en la cual explica que cumple una pena de 30 años en una celda de cuatro metros cuadrados, que su salud se ha deteriorado por la falta de ventilación y de luz natural y que se la han restringido sus derechos. Firma la misiva como "prisionero político".
Simonivis fue vinculado a la muerte de varias personas en los hechos del 11 de abril de 2002, cuando el presidente Hugo Chávez perdió el poder por 48 horas. De acuerdo al ex comisario, ninguno de los hechos se pudo comprobar, ni a él ni al otro comisario Lázaro Forero y ocho policías que también fueron juzgados.
El gobierno venezolano ha sostenido de manera constante que en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos perseguidos porque en algún momento cometieron un delito y deben ser juzgados.
Sobre el caso del general Raúl Isaías Baduel, el hombre que trajo de vuelta a Chávez tras el golpe de 2002, el Presidente dijo que "no es ningún perseguido político, sino un corrupto que acudió al conocido expediente de declararse perseguido político" y quien según el Mandatario, se habría apropiado de recursos del estamento militar.
Además, uno de los colaboradores de una página web ( aporrea.org ), la cual respalda a Chávez, al referirse al tema señala que al buscar en la prensa internacional los nombres de las personas a quienes relacionan como supuestos perseguidos políticos del gobierno venezolano se encuentra que se trata de "una pandilla de malhechores".
La página publica nombres como los del exiliado Pedro Carmona, el sindicalista Carlos Ortega, el ex funcionario de Pdvsa Juan Fernández, los periodistas Rafael Poleo y su hija Patricia y el político Oswaldo Álvarez, entre otros.
Sin embargo, algunos analistas recuerdan que aunque el Gobierno ha insistido en que no hay presos políticos a finales de 2007 decretó una amnistía a favor de algunos considerados como tales, lo que para muchos fue el reconocimiento de que sí existen.
Desde el exilio
Un grupo de miembros de la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) hizo público la semana pasada un comunicado en el cual rechazan y critican la afirmación de la ministra española y aseguran que la funcionaria "demuestra una falta de conocimiento en la materia" y desestima informes de la OEA o la ONU.
Agrega el comunicado que en Venezuela falta independencia de los poderes públicos, que se usa el poder judicial para perseguir a los opositores y que además se usa la tortura para conseguir testimonios falsos. Hechos que según esta organización la Canciller parece no conocer.
Recuerdan algunos de los casos que en Venezuela se consideran más emblemático: el de la juez María Lourdes Afiuni, a quien se envío a la cárcel por dejar libre al banquero Eligio Cedeño después de dos años de estar encarcelado de manera preventiva; el de Alejandro Peña Esclusa, para muchos el primer preso de opinión, y el general de división Felipe Rodríguez, "quienes se encuentran detenidos arbitrariamente en Venezuela y cuyos casos se han considerado como políticos".
Según este grupo, ellos son solo tres de los muchos casos entre quienes se cuentan también las personas que han tenido que dejar el país por persecución política.
Mientras tanto, en Caracas, familiares de algunos de los considerados presos políticos se manifestaron sorprendidos e indignados por las afirmaciones de la Canciller española.
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