Dos acuerdos parciales sobre tierras y participación política en un año de negociaciones, que se prolongaron más de lo esperado. Ese es el balance del proceso de paz, que ahora se enfocará en los temas no menos sensibles de los cultivos ilícitos y el fin del conflicto armado.
Tras el consenso sobre el segundo tema de la agenda anunciado ayer desde La Habana los diálogos de paz entran en receso hasta el próximo 18 de noviembre, cuando los delegados del Gobierno y las Farc se vuelvan a encontrar en capital cubana.
Desde ese día la mesa de negociaciones se concentrará en "la discusión del cuarto punto de la agenda denominado "Solución al Problema de las Drogas Ilícitas", señala el comunicado conjunto del Gobierno y las Farc difundido ayer. El tercero, referido a los derechos de las víctimas, ya comenzó a discutirse.
Para el Gobierno y las autoridades, los cultivos de coca, marihuana y amapola representan la primera de una larga cadena de ilegalidad que constituye el "combustible" del conflicto en los últimos 20 años y la mayor fuente de financiación de las guerrillas.
Los señalamientos han dado hasta calificar a las Farc como el mayor "cartel del narcotráfico" en el país. La acusación se basa en informes de la Policía Antinarcóticos y agencias contra las drogas como la DEA de Estados Unidos, que atribuyen a las Farc participación desde la siembra, la producción en laboratorios, el tráfico, así como en alianzas con las bandas criminales y hasta con carteles mexicanos.
Las autoridades coinciden en que hay más de 20 frentes guerrilleros dedicados a este negocio ilegal. Exponen el caso del frente 57, que controla el narcotráfico en la región del Darién hacia Centroamérica, a través de la selva fronteriza con Panamá y el océano Pacífico.
Informes del Departamento de Estado de Estados Unidos estiman que entre 2008 y 2012 las Farc obtuvieron entre 500 y 800 millones de dólares anuales por narcotráfico, entre el 50 y el 70 por ciento de sus ingresos.
Farc niegan narcotráfico
Las Farc niegan sus vínculos con el narcotráfico y consideran los cultivos ilícitos como resultado por el abandono estatal del campo.
En septiembre pasado, tras el discurso del presidente Juan Manuel Santos ante la ONU en el que culpó a las Farc del conflicto y de nexos con el narcotráfico, el jefe guerrillero alias "Jesús Santrich" respondió: "una Colombia sin coca y sin conflicto sólo es posible acabando con la miseria que le han impuesto al pueblo colombiano, empujándolo a sobrevivir valiéndose de economías de rebusque e ilegales".
La discusión del cuarto tema de la agenda no comienza desde cero, sino con las propuestas del foro realizado en octubre pasado en San José del Guaviare y convocado por la mesa de negociación.
Esas propuestas se enfocan en la erradicación manual concertada y gradual, la sustitución de cultivos ilícitos con proyectos productivos apoyados por el Gobierno y financiados con recursos del Estado, la empresa privada y dineros que hoy se usan para las fumigaciones aéreas con glifosato.
Líderes campesinos y de cocaleros en zonas con cultivos, como el Catatumbo, reclaman la construcción de vías y de infraestructura para garantizar la comercialización de los productos agrícolas con los que se sustituya la coca.
Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, sostiene que las Farc son "parte del problema", pero que si tiene éxito el proceso de paz pueden ser "parte de la solución".
El analista del conflicto considera que la guerrilla puede ayudar a "desestimular" la siembra en regiones donde hace presencia y que, sin el grupo insurgente, las acciones del Estado pueden ser "más efectivas" y sin tantas dificultades como hasta ahora.
Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, informó durante el foro que en 2012 se detectaron 48.000 hectáreas sembradas con coca, con tendencia a la reducción. Agregó que otro reto es la lucha contra el consumo de narcóticos.
El fin del conflicto
El otro tema que comenzó discusión de forma anticipada es el fin del conflicto armado. Incluye el cese el fuego definitivo, las condiciones para una eventual desmovilización de cerca de los 8 mil guerrilleros de las Farc y la dejación de armas.
Hasta ahora, el Gobierno mantiene su decisión de negociar sin cese el fuego, a pesar de que las Farc han sugerido una tregua bilateral.
Este tema, el tercero de la agenda, ha sido parte de las diferencias a lo largo del año que ajustan los diálogos de paz. Mientras el Gobierno y su jefe negociador, Humberto de la Calle, han exigido a la guerrilla la entrega de armas si se logra un acuerdo de paz definitivo, las Farc responden que basta con que "silencian los fusiles".
Otro pulso que se anticipa entre el Gobierno y el grupo insurgente son las condiciones para terminar el conflicto.
Carlos Lozano, miembro del Partido Comunista y del movimiento Colombianos por la Paz, sostiene que el Gobierno pretende con el proceso solo la desmovilización de las Farc, mientras que la insurgencia aspira que "el fin del conflicto repercuta en reformas económicas, políticas y sociales".
El Gobierno insiste en que el "modelo institucional" del país no está en negociación.
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