Al iniciar el tercer día del undécimo ciclo de conversaciones en La Habana, las Farc anunciaron las once propuestas concretas que harían parte del primero de sus “10 puntos mínimos” que plantearon en la mesa y que forma parte de las discusiones para el segundo tema pactado de la agenda común: la participación política.
Antes de iniciar sus declaraciones sobre el tema, Rodrigo Granda, alias ‘Ricardo Téllez’, también conocido como ‘el canciller de las Farc’ por su campaña internacional a favor de este grupo guerrillero, aseguró que “no existe ninguna fisura, ni ninguna crisis entre la comisión negociadora de la guerrilla y la del Gobierno”.
Para él, estas afirmaciones de parte de los medios de comunicación, no son más que “una forma sutil de sabotear los diálogos”. Concluyó que seguirán insistiendo en la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente sin importar las constantes negativas del Gobierno, y agregó que “la Constitución actual es una colcha de retazos”.
Propuestas
Al empezar la discusión del segundo punto de la agenda sobre la participación política, la comisión negociadora de las Farc presentó sus “10 puntos mínimos” de discusión sobre este tema en la mesa de conversaciones.
El primero de esos “10 puntos mínimos” habla sobre la “Reestructuración democrática del Estado y reforma política”. El día de hoy, miércoles, presentaron una lista de once propuestas que harían parte de este primer punto, enfocándose en las tres primeras.
Aún no está claro qué mecanismos se crearían para dar cumplimiento a estas propuestas, pero se supone que en la discusión entre las comisiones esto se definirá y se concretará para decidir cuáles de ellas van en el acuerdo final y de qué manera se implementarían las que sean aprobadas.
También se espera que durante los próximos días de este ciclo de conversaciones, las Farc vayan aclarando en qué consisten las otras ocho propuestas de este punto.
1.1 Participación política y reestructuración democrática del Estado.
En esta propuesta plantean la posibilidad de una reestructuración del Estado, con el fin de “garantizar la construcción efectiva, real y material, de un Estado Social, democrático y participativo de Derecho”, con miras a “superar las condiciones de desigualdad, pobreza y abandono a las que están sometidas las grandes mayorías sociales y populares”.
Con este nuevo diseño, también se pretende ampliar la participación a los sectores más marginados de la sociedad, así como prevenir la corrupción dentro de las instituciones públicas al hacer partícipe al pueblo y así “asegurar el uso transparente de los recursos y presupuestos públicos”.
1.2 Participación ciudadana y límites a la concentración de poder público.
En este punto se pretende implementar mecanismos que limiten la concentración de poderes en cada una de las ramas del poder público, haciendo especial énfasis en el Ministerio Público, como órgano de control. La propuesta consiste en diseñar el Estado que permita “una verdadera independencia entre las tres ramas del poder público, así como la inclusión de las minorías en el sistema político”.
La iniciativa pretende limitar específicamente el poder presidencial, que tiene la potestad decidir sobre los planes de desarrollo y el uso del presupuesto público.
Todo esto se haría mediante la creación de instituciones en las que haya participación directa de los ciudadanos, quienes controlarán el actuar de las ramas del poder. Los proyectos de ley serían revisados por una Veeduría Ciudadana y los planes de desarrollo del Ejecutivo serían refrendados mediante lo que ellos llaman, el “Poder Popular”.
En este punto también se incluye el sometimiento de los medios de comunicación a un control y regulaciones especiales “en las que se garantice la participación ciudadana, social y popular”.
1.3 Participación ciudadana y creación del Poder Popular.
En este punto ya plantean directamente la creación constitucional de un cuarto poder que ellos llaman el “Poder Popular”.
Esto consiste en “dar vida, reconocimiento y representación institucional a las múltiples formas de ejercicio autónomo y democrático de poder, directo, asambleario, comunitario, a través de juntas, cabildos, o congresos” que tenga “capacidad decisoria y de incidencia real y material en los diferentes asuntos públicos”, así como cumplir funciones de veeduría y control sobre las diferentes actuaciones del Estado.
Este punto también incluye la creación de un “Consejo Nacional de la Participación Política y Social”, que estaría conformado por representantes de los partidos políticos, los movimientos políticos y sociales, las organizaciones sindicales y agrarias, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, las organizaciones juveniles y de mujeres, de pensionados, de la comunidad LGBTI, y demás sectores excluidos, “los cuales serían designados en forma autónoma, mediante elección directa y con revocatoria de mandato”.
