El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años al superintendente financiero, Gerardo Alfredo Hernández, por omisión en sus funciones en el caso InterBolsa.
El jefe del Ministerio Público calificó la falta como grave a título de dolo, por no tomar medidas para evitar el descalabro de la comisionista, ni la pérdida de confianza del público, al conocer desde 2011 la posible manipulación de las acciones de Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la especie de BMC.
La decisión de destitución e inhabilidad por 12 años también cobija al superintentendente Delegado para la Supervisión del Riesgo de Mercadeo e Integridad, Diego Herrera Mauricio Falla; y a la superintendente delegada adjunta para la Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, Rosita Esther Barrios Figueroa.
De acuerdo con Ordóñez "la omisión de la superfinanciero permitió el descalabro" de Interbolsa pues se conocía desde julio de 2012 las irregularidades que llevaron al incremento ficticio del precio de la acción de Fabricato y, aun así, no se adoptó ninguna medida preventiva para proteger a los inversionistas ni daños de mayor envergadura o que nuevos inversionistas incurrieran en la operación sobre acciones manipuladas, argumentando que supuestamente no existían antecedentes.
"Su función preventiva le permitía actuar oportunamente y no lo hizo. Todo el caudal probatorio imponía al obligación de denunciar con inmediatez la posible materialización del punible de manipulación de precios de Fabricato y hacer lo propio sobre la manipulación de liquidez de la BMC, como Bolsa Mercantil del Colombia", señaló.
De acuerdo con Ordóñez, la denuncia a la Fiscalía en el caso Fabricato sólo se produjo hasta el 14 de noviembre de 2012 y, para la BMC, en enero de 2013.
Esto, se reitera, a pesar que el incremento de la acción de Fabricato, por medio de operaciones ficticias, la llevó en su momento a ser la más valorizada y a incrementar su valor en poco tiempo en casi 65 puntos.
"La Superintendencia para julio de 2012 tenía probado que no existía relación alguno entre los activos de Fabricato y el aumento excesivo en el precio de sus acciones, la existencia de múltiples relaciones entre las personas que conformaban el grupo de amigos de Alessandro Corridori y el poder de mercado que estos representaban, la participación de accionaria que habían logrado en Fabricato y su posición en la Junta Directiva, además de los esfuerzos para lograr su venta", precisó Ordóñez.
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