La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaría de carácter preliminar contra el concejal de Chía Carlos Enrique Martínez, por los hechos ocurridos el pasado domingo en Bogotá.
El ministerio público también le pidió a la Policía Nacional que remita las pruebas y los testimonios de los uniformados que atendieron el caso el domingo en la capital del país.
La Red de Veedurías Ciudadanas que dirige el abogado Pablo Bustos, radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud formal para que se agilice el cumplimiento de una sanción por diez años que tiene vigente el concejal de Chía.
El concejal de Chía, como se sabe, protagonizó una fuga de película cuando la Policía de Tránsito intentó hacer una inspección al vehículo en el que se encontraba Martínez junto con una acompañante. El cabildante se negó y emprendió la huída para terminar ingresando a la fuerza a la Escuela Militar, al occidente de la ciudad.
Allí, ante la mirada incrédula de los guardias militares de turno y casi una docena de uniformados policiales que lo persiguieron en varias patrullas, Martínez fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía.
Sin embargo, 32 horas después el concejal fue dejado en libertad, entre otras cosas porque Medicina Legal certificó que el polémico dirigente político registró negativo en la prueba de alcoholemia.
Con todo, no son pocos los problemas que enfrenta Martínez, pues es la cuarta ocasión en que se ve envuelto en problemas judiciales, incluida una denuncia por robo que le entabló su propio padre.
Este martes, la Red de Veedurías Ciudadanas que dirige el abogado Pablo Bustos, radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud formal para que se agilice el cumplimiento de una sanción por diez años que tiene vigente el concejal de Chía.
Esa decisión, no obstante, está en revisión, por tanto no está en firme pues requiere de una decisión en segunda instancia de parte del propio jefe del Ministerio Público.
A ello se suma la decisión de este martes del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, que decidió tomar cartas en el asunto.
Ordóñez le solicitó un informe a la Policía Nacional sobre lo sucedido, incluidas las versiones de los uniformados que atendieron el hecho.
La Procuraduría busca establecer qué faltas disciplinarias habría cometido el cabildante al generar una persecución policíaca.
Inclusive, la propia Fiscalía no descarta imputarle conductas punibles como pánico y daño al bien ajeno, situaciones que no corresponden a medida de aseguramiento y por esta razón quedó en libertad, pero sí le podrían significar hasta 16 meses de detención.
Ahora, la Procuraduría debe fijar la fecha para escuchar en versión libre al concejal Martínez antes de decidir si le formula pliego de cargos.
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