El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) presentó la nueva regulación para la compra de predios en los proyectos de infraestructura vial, que incluye la indemnización dentro del avalúo, con lo cual el Estado se ahorraría entre un 30% y 40% en costos y un 80% en tiempo, en el proceso de la compra.
La normativa busca contemplar las indemnizaciones desde el inicio de la compra-venta del predio, pues éstas solo se concedían por la vía jurídica. Con esta nueva posibilidad se evitará la expropiación y los litigios que generalmente retrasan las obras viales y generan sobrecostos.
“Si mediante una vía de expropiación estamos demorando entre tres y cinco años, hemos calculado que llegado a un acuerdo entre el Estado y el particular podemos, entre ese acuerdo y los trámites que se requieren, llegar a dos o tres meses máximo, estamos hablando de un 80% de reducción en los tiempos”, aseguró el director del Igac, Juan Antonio Nieto.
En la reglamentación se prevé el daño emergente y el lucro cesante desde el inicio así, una persona cuyo bien inmueble será adquirido por el Estado, además de considerar el avalúo del predio, la construcción y los cultivos -si es el caso-, se deberá considerar la renta o utilidad que redituaba, la inversión en publicidad, los costos de notariado y registro, embalaje, entre otros factores.
Para esto, podrán participar en el avalúo, como asesores; contadores, abogados, economistas, publicistas. “Vamos abrir con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y con las Lonjas una especie de capacitación para que haya profesionales formados que tendrán que tener en cuenta el entorno económico y el movimiento del merado inmobiliario en el país”, indicó el director.
El beneficio de esto, según Nieto, es que habrá una disminución en los procesos de expropiación vía judicial y administrativa, una descongestión en los juzgados, reducción en los tiempos de entrega del predio, mayor eficiencia del Estado, impacto positivo en los presupuestos de los proyectos viales y mayor equidad “tanto para los propietarios de los predios y para el Estado”.
La nueva normativa, de obligatorio cumplimiento, regirá para los proyectos viales de cuarta generación (4G) y cuatro proyectos férreos y aeroportuarios actuales como la segunda línea del tren de Fenoco, la modernización de los aeropuertos de Cali y San Andrés, los proyectos fluviales del Río Magdalena, el canal de acceso a la Bahía de Cartagena, y todos los contratos que se suscriban en adelante en materia de infraestructura de transporte.
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