El Presidente Juan Manuel Santos ha sugerido la posibilidad de levantar la reserva sobre las deliberaciones y actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) relativas a las sesiones en las que se consultó la línea de defensa jurídica colombiana en el pleito con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).
Su propuesta es una reacción política ante la actitud, también política, que el expresidente Álvaro Uribe ha asumido frente a la decisión que deberá adoptar el actual gobierno sobre la sentencia de la CIJ del 19 de noviembre de 2012.
Como ya sabemos de sobra, en ese pleito internacional Colombia perdió mucho más de lo que nadie preveía.
Ante semejante varapalo de la justicia internacional, nuestro país no ha sabido adoptar una posición unificada y, por el contrario, se han abierto lamentables espacios de oportunismo e incluso electoralismo buscando réditos políticos, para golpear la cabeza del actual Presidente con la sentencia de La Haya.
El Presidente Santos puede tener razón en querer aclarar para la historia quiénes deben asumir responsabilidades por la debacle colombiana en La Haya, y quiénes no. Pero para ello, no se debería hacer la propuesta de publicitar las deliberaciones de la CARE en un contexto de enfrentamiento político.
La CARE tiene su regulación normativa en la Ley 68 de 1993 y en el decreto reglamentario 1717 de 1994. En ambos, se establece que las deliberaciones y actas de la CARE son reservadas, salvo que por acuerdo entre sus integrantes y el Presidente de la República, se decida hacer públicos "determinados aspectos de sus deliberaciones".
Para llegar a una opinión más informada sobre este tema, los colombianos deben saber que la CARE es un órgano consultivo y asesor, cuyos conceptos no obligan al Presidente de la República, quien como Jefe de Estado es el que dirige la acción internacional del país y toma las decisiones de rigor en defensa de los intereses nacionales.
En este punto tiene razón la Canciller María Ángela Holguín, al recordarle al expresidente Andrés Pastrana -otro que también ha querido lavarse las manos sobre las decisiones tomadas en su administración- que el hecho de que la CARE haya recomendado determinados asuntos, no exime al Presidente de su función de supremo director y ejecutor de las relaciones internacionales del país.
¿Cuál sería el objetivo, entonces, de hacer públicos determinados aspectos de las deliberaciones y las actas de la CARE, sobre el tema específico del litigio con Nicaragua por la soberanía de San Andrés y las aguas en el Caribe?
Si la finalidad es tener herramientas de ataque y pugnacidad entre los dos principales protagonistas políticos del país -el Presidente Santos y el expresidente Uribe- es mejor que la reserva no se levante. El espectáculo bochornoso de dos estadistas tirándose las actas en la cabeza para lograr adhesiones políticas, o peor, electorales, no es admisible bajo ningún punto de vista.
Si el levantamiento de la reserva, en cambio, es para hacer un estudio sereno de los yerros en que incurrió el país en su estrategia jurídica en La Haya, para escribir la historia en su justa dimensión, podría ser aceptable la medida. Tomada tal como establece la ley: por consenso y sin violentar la buena fe de quienes acudieron a esas reuniones con el mejor ánimo patriótico de cooperar en la protección de la soberanía nacional.
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