Hace más de quince días, la Contralora General decía que esa semana abriría "procesos contra 12 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado Carrusel de pensiones".
Han pasado dos semanas y aún no se conoce que las palabras de la Contralora hayan tenido aplicación. ¿Quizá fueron meros anuncios mediáticos a los que tiene enseñada a la opinión pública tantos funcionarios pantalleros que viven más de originar noticias tremendistas que de obrar para hacer cumplir con severidad las normas jurídicas?
La señora Morelli considera que aquellos magistrados, autores de tan extravagantes carruseles pensionales, han abusado del derecho. Las estratagemas de que se han valido para nombrar por periodos cortos a sus ahijados en la Rama Judicial para reajustar sus mesadas pensionales, no solo están en contravía de la ética, sino que enredan la aplicación de las normas legales de quienes han jurado defender las leyes dentro del Estado de derecho.
La Contralora aun no ha dicho quiénes son esos 12 magistrados -¿audacias de nuevos doce apóstoles de las mañas en el país?- a quienes, según sus palabras, "automáticamente se les genera una inhabilidad con mezcla de corrupción". Hacen parte de un organismo que según la señora Morelli, "es absolutamente ineficiente… pésima ejecutora, que ha recibido mucha plata para descongestión y lo único que se le ha ocurrido es crear nuevos puestos".
El país expectante entonces espera que se conozcan los protagonistas de ese carrusel de pensiones. Podrían hacer parte de una nueva película de carteles que pone en evidencia las flaquezas, arbitrariedades y vivezas de algunos órganos de la Rama Judicial, en un país en donde se duda tanto de la eficacia y probidad de la justicia y en el cual todas las reformas que buscan agilizarla y purificarla, se quedan en intenciones fallidas.
Pero la Contralora no se quedó allí. Arremetió contra la Agencia Nacional de Infraestructura. La calificó de ineficiente e incapaz. La sindica de no saber cumplir sus presupuestos. Asfixiada en una telaraña seudojurídica que está torpedeando la ejecución.
Avanza tanto en sus críticas bien fundamentadas la Contralora que vaticina que el presupuesto de inversión en infraestructura este año, no llegará al 60 % del total.
Con una agencia así -y es la que tendrá en sus manos la puesta en marcha de las Autopistas de la Prosperidad, lo que deja una sombra de duda sobre su terminación, aun sin arrancar- es bien difícil salir de los últimos lugares que ocupa Colombia en materia de infraestructura vial, de dobles calzadas.
Estamos en el limbo en materia de carreteras, de ferrocarriles, de puertos. Hasta las naciones más atrasadas de América Latina nos superan. Hay recursos, pero el país no sabe ejecutar.
Así que si la Contralora puso el dedo en la llaga, no se puede conformar solo con denunciar. Tiene que culminar la tarea. Para eso cuenta con herramientas que le dan la Constitución y las leyes, para llegar a conclusiones que le vayan recuperando la credibilidad sobre las instituciones a la ciudadanía acerca de la forma como se vigila y se sanciona a los que violan las normas existentes.
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