La decisión del Ministerio de Transporte de limitar el pago de anticipos a los contratistas de las obras públicas, empezó a generar diferencias con el sector privado.
Ayer, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), rechazaron la medida del Gobierno por considerarla discriminatoria.
De acuerdo con Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara de Infraestructura, y Daniel Flórez Pérez, presidente del gremio de los ingenieros, el sobredimensionamiento mediático de los casos puntuales en los que los contratistas utilizaron mal los anticipos, derivó en la creencia de que se trata de una regla general.
"Se trata de una propuesta antitécnica, porque el monto del anticipo debe asociarse con el flujo de caja, los plazos, y las características específicas de los proyectos".
Tal y como lo informó a este diario la semana pasada el ministro Germán Cardona Gutiérrez, no se trata de un fenómeno aislado el mal uso de los anticipos, sino que es recurrente en varias regiones del país.
Según Caicedo Ferrer y Flórez Pérez, la determinación constituye un golpe de muerte para las pequeñas y medianas empresas de ingeniería, que usualmente financian el despegue de los proyectos con el anticipo.
"La solución de los problemas del anticipo depende de los controles que se establezcan para evitar su mal uso".
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