Esta semana fue abaleado Ever Antonio Cordero Oviedo. Su nombre, a secas, dice poco. Y otras 47 personas, cuyos nombres omitimos por espacio y seguridad, tuvieron que desplazarse de Montería al departamento de Magdalena. Ellos son apenas algunos de los reclamantes de tierras despojadas en años pasados por particulares inescrupulosos aliados o respaldados por grupos armados ilegales.
Desde 2007, cuando comenzaron formalmente los procesos jurídicos de reclamación en el país, 60 de esos despojados han sido asesinados, según registros de la Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes). La Unidad de Restitución de Tierras, que es parte de la Unidad para la Atención y Restitución a Víctimas, adscrita al Ministerio de Agricultura, tiene registradas 32.688 solicitudes mediante las cuales se pide la devolución de 2 millones 368 mil 908 hectáreas arrebatadas por la fuerza y con engaños a sus propietarios legítimos.
Solo en este asunto, que arrastra consecuencias del conflicto armado entre guerrillas, paramilitares y fuerzas oficiales, además de la violencia ejercida por narcotraficantes y por algunos terratenientes aprovechados de tal situación, están en litigio tierras que equivalen, en su tamaño total, al área del departamento de Córdoba. Estamos ante un conflicto mayúsculo.
Casualmente ayer el presidente Juan Manuel Santos visitó Montería para presidir la ceremonia de restitución de la Finca Las Paulas, robada a sus dueños originales (60 familias) por los paramilitares que comandó Carlos Castaño Gil.
El jefe del Estado sostuvo que quienes amenazan o asesinan a los reclamantes de tierras y sus líderes son "objetivos de alto valor" para los organismos de seguridad. En julio de 2012, el Ejecutivo también anunció la creación de un cuerpo élite interinstitucional para perseguir a los responsables de los ataques a quienes exigen la restitución de sus tierras.
Pero la muerte del líder Cordero Oviedo y el desplazamiento de casi medio centenar de reclamantes la última semana son una señal inequívoca de lo débil que ha sido la respuesta estatal para frenar los homicidios y las amenazas. La retórica ha podido más que los hechos y el panorama es un precario esquema de seguridad (o su inexistencia) en torno a los reclamantes.
Además, la investigación judicial continúa sin señalar tesis concretas sobre el origen, sobre los autores intelectuales y materiales de esos planes criminales. Preocupa que estas personas, pequeños y medianos propietarios de tierras, continúen expuestos a caer a balazos en calles y veredas de departamentos como Antioquia, Magdalena, Córdoba y Arauca y en una región crítica: Urabá.
Incluso connotados empresarios del campo, agroindustriales de las más altas calidades morales y afectos de la legalidad y la seguridad rural, reclaman acciones firmes para desmontar generalidades, ambigüedades y señalamientos de algunas ONG que ven despojadores en todos lados. Ello también porque la misma Unidad de Restitución ha constatado que las Farc son despojadoras de 830 mil hectáreas.
Es necesario que empiecen a darse los resultados para precisar los inspiradores y alcances de esta red criminal que golpea uno de los programas más ambiciosos del Gobierno, no solo por los alcances que ello pueda tener en sí mismo, sino por su efecto de cara a la solución integral de aspectos relacionados con el conflicto colombiano.
Este es un terreno tristemente abonado de violencias.
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