Si bien las comisiones de la verdad y las iniciativas especiales de persecución penal son los mecanismos de justicia transicional más conocidos, vale la pena resaltar una herramienta menos célebre, pero que resultará central en el contexto colombiano: los programas de reforma institucional. Estos apuntan a consolidar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, especialmente cuando las instituciones están involucradas en violaciones de derechos humanos.
Resulta fácil ilustrar el punto reflexionando sobre el caso del teniente coronel del Ejército Róbinson González del Río, el protagonista de las grabaciones que revelan una red criminal de largo alcance. Su situación fue expuesta por la Fiscalía General de la Nación en el marco de una investigación de varios homicidios perpetrados por miembros del Batallón Contraguerrilla No. 57 del Ejército, cuando este operó en Caldas y el entonces mayor González lo comandaba.
Los homicidios de hombres inermes por miembros de este batallón no empiezan ni terminan con el mando de González. El goce de las jugosas comisiones que se derivan de los contratos que salen del Ministerio de Defensa no inician ni terminan con este oficial. La venta de armamento a grupos paramilitares y de delincuencia organizada tampoco inicia ni termina con González.
Una vez expuesto, este oficial pasó de héroe guerrero a cafre malandro en segundos. González supuestamente encarna el mal absoluto; es la perfecta manzana podrida: habla feo y demuestra putrefacción por todo lado. Todos lo rechazan y lo desconocen. Incluso, dice el comandante del Ejército: la institución castrense persiguió al demonio de González por cielo, mar y tierra, durante varios años.
Los méritos militares que obtuvo González por la docena de homicidios que ahora se le imputan, las otras decenas de ejecuciones perpetradas por el Batallón Contraguerrilla No. 57 bajo el mando de otros oficiales, y los centenares (posiblemente miles) de homicidios burocráticamente disimulados como resultados positivos del esfuerzo bélico que nada tienen que ver con este titán caído deberían ser suficiente prueba para estimar que –más allá de la perversión de González– el sistema en el cual operó tiene serios problemas.
Un connotado psicólogo y perito sobre las prácticas del Ejército estadounidense, Philip Zimbardo, evidencia que, frente a conductas extendidas y repetidas –como la tortura en contra de sujetos considerados como terroristas– es un error hablar de manzanas podridas. Dice: lo que está podrido es el recipiente de las manzanas. "Usualmente son los guardianes del sistema, los que quieren aislar el problema (exponiendo manzanas podridas), con el fin de desviar la atención y la responsabilidad lejos de aquellos que están en la cúpula, quienes pueden ser los responsables de crear condiciones insostenibles, o de no ejercer control o supervisión" (The Lucifer Effect, 2008).
Retomo el hilo de la justicia transicional: en respuesta a estas noticias, a todo lo que sabemos (pero que carece de reconocimiento oficial) y todo lo que han exitosamente ocultado sobre la perpetración de atrocidades en el Ejército, es hora de emprender una reforma institucional de las fuerzas militares. No pienso que sea un tema para la mesa de La Habana, ni que deba ser objeto de negociación. Es un tema primordialmente de la ciudadanía.
La caza de las manzanas podridas no rectifica los factores situacionales ni la cultura institucional que producen violencia y corrupción. Para enfrentar la descomposición es necesario atacar la causa de la pudrición.
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