La publicación de este periódico el pasado domingo, que evidenció 50 de las rentas ilegales que están llenando los bolsillos de la delincuencia en nuestra ciudad, debe generar un amplio análisis, pero sobre todo, una respuesta de todas las autoridades: civiles, policiales y judiciales.
La información, recopilada luego de un serio trabajo de investigación periodística, describió muchas de las rentas ilegales que las organizaciones criminales obtienen al controlar toda una gama de actividades derivadas del delito, y también de la exacción forzosa de actividades lícitas.
Obviamente, las 50 rentas relacionadas en el informe no son un listado cerrado. Hay muchas más. La exhaustividad en el catálogo completo de lo que obtienen las bandas, combos, "oficinas" y organizaciones de todo pelaje. sería casi inabarcable.
Y es por eso que una realidad como esa no puede quedar como mero registro periodístico, sin ir más allá y desentrañar, con autoridad y legitimidad, el profundo daño que para la sociedad en que vivimos genera el hecho de que cualquier actividad lícita se vea obligada a pagar aportes a grupos criminales que, mediante la coacción y la violencia, se aprovechan del trabajo ajeno.
El espacio público, por ejemplo, que en teoría corresponde a todos los ciudadanos por el hecho de vivir en comunidad, ha sido privatizado. Hay quienes cobran "regalías" a los que "trabajan" en un semáforo. Pero previamente les han "asignado" la plaza para poder estar en ese lugar. Muchos ciudadanos de buena fe aún no se percatan de que la mendicidad no es inocente. Cada persona que pide en determinadas esquinas o semáforos tiene que pagarle a un capo que controla el sector.
Hay de todo. Actividades que directamente se zambullen en el Código Penal, hasta las que aprovechan la laboriosidad de quienes sí cumplen la ley, para derivar toda clase de ganancias paralelas, por supuesto ilegales. O los que, bajo pretexto de cumplir labores de vigilancia, cobran este servicio que debería ser prestado por el Estado.
Frente a esto, ¿dónde está ese Estado? La administración municipal tiene decenas de programas sociales que puede mostrar, pero la delincuencia sigue campante. La Policía, con personal y medios apenas suficientes, hace esfuerzos por contener la criminalidad urbana. ¿Y la justicia? Es, quizás, la pata que hace que la mesa esté sin estabilizar.
Analizando todas las estructuras criminales, encontramos que cuentan con casi todos los elementos que la teoría política clásica atribuye al Estado: dominio territorial; capacidad de recaudo de rentas; fuerza armada a su servicio; sistemas de "resolución de conflictos" o justicia paralela; normas de comportamiento... Lo único que le falta es emitir moneda y manejar relaciones internacionales, por lo menos formales, porque a través del narcotráfico manejan redes transnacionales.
¿Exageramos? De ninguna manera. Nuestra ciudad sufre esa realidad y no por esconderla va a desaparecer. No es disimulando o mirando para otra parte como la ciudadanía y la autoridad pública van a vencer este mayúsculo problema. Al que si no se le pone remedio, se va a devorar todo lo que de meritorio y bueno tiene esta región.
Nuestra gente lucha, trabaja, emprende, mira hacia adelante. Pero si siempre va a haber quien le arrebate lo producido, ¿querrá entonces seguir luchando por su ciudad?.
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