Más de 2.000 piscinas en el Valle de Aburrá —la mayoría de ellas en conjuntos residenciales— deben contar, según la ley, con un salvavidas certificado durante los fines de semana, toda vez que se realicen actividades sociales cerca del agua y cuando sean utilizadas por diez niños a la vez.
Sin embargo, para los administradores de los conjuntos es difícil cumplir con esta condición, máximo cuando no hay una entidad encargada de formar y certificar a estas personas que deben estar para evitar el ahogamiento de un niño.
La abogada especialista en propiedad horizontal Jenny Acero Guevara, explica que la denominada Ley de Piscinas, expedida en 2008, obliga a los conjuntos residenciales que las tengan, contar con personal certificado, con 600 horas de formación en competencias como salvamento acuático y reanimación cardiopulmonar. A su juicio esta obligación, sumada a las que tienen que ver con cerramientos y condiciones físicas de las áreas de piscinas bien podrían obligar al cierre de las mismas por el riesgo de tener que responder a millonarias indemnizaciones ante el eventual ahogamiento de un niño.
La especialista, asesora de la Corporación Cívica El Poblado (Corpoblado), considera que los padres deben comprometerse con la responsabilidad del cuidado de sus hijos o niños invitados cuando utilizan la piscina del conjunto residencial en que viven.
Agrega que la cantidad de usuarios que suelen utilizar las piscinas en los edificios que representa no ameritan, según la exigencia legal, la presencia permanente de un salvavidas. Sin embargo, el cuidado de la vida de los menores y la protección a los propietarios ante demandas de responsabilidad en caso de un accidente obliga a una reflexión más compleja.
Ante los vacíos prácticos que los administradores de las urbanizaciones advierten en la reglamentación de la ley, Corpoblado convocó ayer un foro para tratar esta problemática. Para la ocasión fueron invitados el senador antioqueño Juan Carlos Vélez y representantes de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín.
Mauricio Pinilla, quien participa de la Mesa Especializada de Piscinas, corporación cívica creada para tratar el cumplimiento de las exigencias legales, subraya por su parte que en el país se presentan al año alrededor de 200 casos de ahogamientos, muchos de los cuales se deberían evitar con el apego estricto a las normas.
En la reunión convocada por Corpoblado los administradores de conjuntos residenciales compartieron la preocupación por la dificultad de contar con el personal idóneo en sus piscinas y piden una iniciativa que reglamente la ley, haciendo expresa la responsabilidad de los padres sobre sus hijos cuando utilizan la piscina.
El senador Vélez, líder de un proyecto de ley en ese sentido en el Congreso, se comprometió a volver a presentar la iniciativa que no fue debatida en la Cámara de Representante y tener en ella las inquietudes que hay ante la norma actual.
El legislador señaló que envió una carta a la directora nacional del Sena, Gina Parodi, solicitando que la entidad se encargue de la formación de los salvavidas que se requieren para cumplir la Ley de Piscinas.
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