Se empiezan a establecer las opciones para las elecciones parlamentarias de 2014, y con eso se genera la pregunta de cómo recuperar la legitimidad en el Congreso.
No es una tarea fácil.
Las elecciones parlamentarias de 2010 arrojaron unos resultados históricos. El Partido de la U se posesionó como la fuerza más importante al obtener la mayor votación y por consiguiente el más alto número de curules (27 en el Senado y 48 en la Cámara), desplazando a los partidos tradicionales. Sin precedentes.
Por eso se estableció la U como la esperanza de legitimación de una institución que lo necesita a gritos. Pero el resultado fue todo lo contrario.
El partido político fundado por el hoy presidente Juan Manuel Santos para proteger el legado del expresidente Álvaro Uribe, obtiene un número récord en la totalidad de los 22 miembros del Congreso que tienen condenas, detenciones e inhabilidades en su contra.
Diez legisladores de esa colectividad, entre los que se encuentran barones electorales de la talla de la senadora Piedad Zuccardi, la expresidenta de la institución y la segunda votación más importante al Congreso Dilian Francisca Toro, y el senador Fuad Rapag son algunos de los ejemplos del problema de este partido, por investigaciones en su contra por delitos como lavado de activos y presuntos nexos con paramilitares.
Pero no son los únicos.
El senador de Cambio Radical Javier Cáceres, también expresidente del Senado, fue condenado en abril de 2012 por concierto para delinquir agravado. Por su parte, cinco miembros del Partido Liberal, cuatro del Conservador y uno del Polo también están ausentes del Congreso como consecuencia de sus complicados y gruesos líos jurídicos. Es decir, ninguna colectividad se salva.
Delitos por nexos con grupos ilegales, tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho hacen parte del listado de las actividades de un 10 por ciento de nuestros senadores. Impresentable.
Eso sin contar el centenar de congresistas involucrados en la parapolítica en años anteriores o los otros inhabilitados por faltas disciplinarias.
¿En qué momento ser congresista se volvió casi un sinónimo de delincuente? ¿Cuáles son los estándares de los partidos para avalar los candidatos?
Es imposible que sigamos eligiendo congresistas que después terminan en la cárcel. Y la sociedad lo resiente.
La encuesta de Invamer Gallup establece que más del 60 por ciento de los colombianos tiene una opinión negativa del Congreso. Con justa razón. Pero cada cuatro años parecemos olvidarlo ante las urnas.
Esperemos que el desprestigio actual y el rechazo de la sociedad ante los escándalos en esa institución, que ni siquiera en medio de las investigaciones por la parapolítica o con el proceso 8000 alcanzaron estas dimensiones, haga que se replantee la situación y los partidos, todos, sean más cuidadosos con quién avalan y el electorado más estricto con quién escoge para representarlos. De lo contrario, la última alternativa, perversa por el daño a la democracia, va a ser la revocatoria de la institución. Una medida extrema de limpieza. Colombia merece un buen Congreso y unos legisladores honrados, esperemos conseguirlos en 2014.
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