Los directores de los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical, aseguran que no hay nada ilegal ni ilícito en los aportes que recibieron durante las campañas políticas de 2010 por parte de Saludcoop.
Afirman que el dinero recibido se dedicó a gastos de funcionamiento durante las campañas y que estos aportes fueron previamente analizados por los comités financieros de cada partido y revisados por el Consejo Nacional Electoral.
Cosa contraria opinan distintos analistas quienes consideran que los aportes a las campañas políticas deben ser observados con un lente distinto, porque si bien no revisten ilegalidad, hay un aspecto ético que se debe considerar.
El director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Juan Carlos Arenas, afirma que "si se revelaran los aportes del sector privado a los partidos y luego se cruzara eso con el lobby que en general hacen las empresas en el Congreso y con la promoción de leyes favorables a las empresas financiadoras, uno tendría una mirada mucho más precisa acerca de este fenómeno".
Arenas aclara que si bien este fenómeno no es exclusivo de Colombia, porque funciona de esta manera en Estados Unidos, Europa y América Latina, llama la atención sobre la calidad de la democracia. "Preocupa que quienes resultan electos como representantes del país, hacen su trabajo legislativo, en la práctica, a nombre de intereses focalizados y particulares".
Esta reflexión aplica para el caso de cualquier periodo legislativo, pues durante el mismo se pueden debatir reformas sobre impuestos, o aranceles. En este caso particular, hay que recordar que la reforma a la salud ha sido uno de los proyectos más importantes que ha trabajado el Congreso desde que se posesionó, el 20 de julio del año pasado, y que, en ese orden de ideas, el aporte de Saludcoop, a través de alguna de sus filiales, pudo pesar en la toma de decisiones.
"Siempre habrá quién le deba favores a los empresarios y, por esa razón, el legislador tiene muy pocas posibilidades reales de distanciarse de los intereses particulares".
El pronunciamiento hecho por los jefes de cada partido coincide en la legalidad de estos aportes y la buena fe del partido al momento de recibirlos. Al respecto, Arenas afirma que se debe hacer claridad sobre este punto. "Hay cosas que son claramente legales, pero siempre surge la pregunta sobre la autonomía que uno tiene cuando debe favores de esa magnitud y por la responsabilidad ética de quienes resultan financiados. Son consecuencias en la gestión parlamentaria".
La otra pregunta que formula este analista, es que si la financiación tiene como interés promover la democracia, no se entiende la selectividad con la que el sector privado hace esos aportes.
"De responder con certeza a ese principio, esos aportes deberían ir a una bolsa común en la que de una manera equitativa y por criterios públicos los recursos fueran distribuidos entre los distintos competidores", dice.
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