Me pregunto qué tan conscientes somos los colombianos de las opciones jurídico-políticas adoptadas en la Constitución de 1991. No aparece una respuesta segura. En el artículo primero de la carta política se lee solemnemente que "Colombia es un Estado Social de Derecho". ¿Pero qué decidimos al adoptar esta forma de Estado? ¿Sabemos los colombianos el alcance de esta decisión? Seleccionar la opción del Estado Social de Derecho, es decidir, no tolerar el poder absoluto en ninguna de sus formas, es proclamar la sujeción al derecho de cualquier poder, público o privado, en garantía de la libertad de todos. Júbilo para aquellos que no lo olvidan. Decidimos también atender las exigencias del bien común, sin renunciar a las libertades individuales. Ser Estado Social de Derecho es entonces conciliar los principios de libertad y solidaridad eventualmente contrapuestos.
La opción elegida exige al Estado cumplir funciones promocionales y distributivas, conservando las tradicionales funciones protectora y represiva. Pero, principalmente, ser Estado Social de Derecho es decidir que es condición de la coexistencia tranquila, garantizar a todos la satisfacción de unas mínimas condiciones vitales, sin las cuales la vida en comunidad se hace insoportable, incluso para aquel que ostenta la posición de mayor privilegio social. Por eso decidimos que las desigualdades económicas y sociales se justifican solo cuando procurando mayor eficiencia, ofrecen más beneficios a los menos aventajados.
Es, pues, obligación de todos lograr la mejor posición posible para los individuos peor situados. Entonces, se nos olvida a todos ser Estado Social de Derecho cuando escuchamos los datos recientes de la ONU que señalan que en Colombia el 49,1% de los ingresos del país va a parar a las arcas del 10% más opulento, frente al 0.9% que se queda en el lado de los nada aventajados. Salta a la vista que ese 0.9% es a todas luces insuficiente para comprender en él los mínimos vitales pactados. Olvidar ser Estado Social de Derecho comporta el riesgo de no saber mañana qué forma de Estado se imponga a partir de la ineficacia del sistema elegido y hasta ahora practicado democráticamente.
Conviene, pues, no olvidar que las posiciones de privilegio social pueden salvaguardarse dejando a un lado la indiferencia y dando paso al desarrollo efectivo de la opción política elegida. Ojalá llegue un día en que comprendamos que los gastos sociales no reflejan costosos pasivos ni en los balances públicos ni en los privados, sino que se revelan como la forma de inversión seguramente más productiva.
* Colegio de Abogados de Medellín
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