La decisión de la Corte Constitucional que obliga al procurador Alejandro Ordóñez y a dos de sus funcionarias a rectificar sus informaciones sobre el aborto, además de motivar la renuncia de las dos subalternas, muestra el problema institucional del país, y la interferencia de la política en las actuaciones de sus servidores.
Tras conocer la orden impartida por el alto tribunal, que les da un plazo de 48 horas para rectificar, las procuradoras delegadas para la Infancia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos; y para la Función Pública, María Eugenia Carreño , dimitieron a sus cargos, argumentando que no querían entorpecer la gestión de Ordóñez, aunque esto no las exime de cumplir la decisión.
Esta decisión de la Corte se da en el momento en el que el Procurador busca su reelección y para algunos analistas la decisión no está libre de intereses políticos.
Para la procuradora delegada Hoyos, si bien no se puede decir que se trata de una persecución de la Corte, pues el tribunal es soberano, “sí deja dudas, pues no es la primera vez que se nos limita como Procuraduría, el ejercicio de nuestras funciones constitucionales”.
La ponencia que resuelve la sentencia de revisión de una tutela interpuesta por 1.279 mujeres la elaboró el magistrado Humberto Sierra Porto . Y a juicio de la señora Hoyos, otras decisiones en las que participó Sierra “le habían prohibido a la Procuraduría actuar solicitando información en temas relativos al aborto”.
Sin embargo, para Mónica Roa , defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y una de las que presentó la tutela, la decisión sólo cobija al cargo, y no a las personas como tal. Es decir, “cuando Ordóñez deje de ser Procurador, no nos interesará más”.
Falta doble
Para el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry , tanto la Corte como la Procuraduría se equivocaron en su proceder. Por un lado el Ministerio Público, actúo contrario a la decisión del tribunal en su deber de promoción de los derechos humanos, pero la Corte fue “tendenciosa al forzar la tutela para sentar una posición. Lo que procedía era la nulidad de las circulares que se habían mandado”.
A juicio de Charry, lo que se ve es un problema institucional, en el que las decisiones “tienen un alto contenido político” que, incluso, podría entorpecer los intentos reeleccionistas de Ordóñez. “No es bueno tener a un Procurador cuestionado por la Corte Constitucional”.
A la rectificación que deberá hacer el Jefe del Ministerio Público sobre las circulares y declaraciones contra la píldora del día después y las campañas de derechos reproductivos, se suma la polémica que se genera en torno a que el Procurador sea hasta ahora el único nominado para el cargo y que ya tenga el apoyo de la Mesa de la Unidad Nacional.
Para el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, Andrés Molano esta situación “es reprochable. Es un fraude a la Constitución y una trampa a la transparencia en los procesos de selección de funcionarios”.
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