El viernes pasado, 20 de diciembre, el Presidente de la República sancionó en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional -sede Bogotá-, la Ley que aprueba la Estampilla Pro UN y demás Universidades Estatales de Colombia, con lo cual se canalizará hacia la Universidad Nacional y demás universidades estatales importantes recursos adicionales -se estima en un billón de pesos en los primeros cinco años- para la Universidad Nacional, con lo cual se podrá, no sólo construir un adecuado Hospital Universitario, sino invertir en la ampliación de la planta física del campus de Bogotá, y de los campus de Medellín, Manizales, Palmira y las sedes de frontera –San Andrés, Arauca, Tumaco y Leticia-. Con estos nuevos recursos, la Universidad Nacional podrá comenzar a resolver sus problemas de infraestructura.
La Universidad Nacional de Colombia está ligada a la historia de la República. Históricamente su antecedente se encuentra en la creación, por el General Francisco de Paula Santander en 1826, de las Universidades Centrales de Caracas, Quito y Bogotá, como lo señala el historiador Javier Ocampo López. La Universidad Central de Bogotá se funda en diciembre de 1826 con las Facultades de Jurisprudencia, Medicina, Filosofía y Literatura y funciona hasta 1850. Luego, en el contexto de los gobiernos del radicalismo liberal, en 1867, se funda formalmente la Universidad Nacional de Colombia con las Facultades de Derecho, Medicina, Ingeniería, Ciencias Naturales, Literatura y Filosofía y Artes y Oficio, dentro de la idea que el Estado tenía la responsabilidad de una educación laica, de calidad y que contribuyera a la formación del Estado-Nación.
Posteriormente, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-38), y bajo los impulsos reformadores de la enmienda constitucional de 1936, especialmente en lo relacionado con la responsabilidad del Estado en el ámbito de la educación –por ello se crearon también las Escuelas Normalistas y una serie de Colegios de Secundaria-, es que va a construirse la actual Ciudad Universitaria o "Ciudad Blanca" como se le conoció, que concentró las diversas Facultades de la Universidad Nacional que se encontraban dispersas por la ciudad. Por ello la mayoría de los edificios históricos de la Universidad Nacional datan de esas épocas.
Esta breve reseña histórica es pertinente para hacer referencia al hecho que la responsabilidad del Estado en relación con la educación, no solo básica y media, sino también superior, se remonta a la propia historia de nuestra República y ello no debería haberse diluido sino por el contrario incrementado.
Las universidades públicas y la Universidad Nacional en primerísimo lugar, cumplen en las sociedades varias funciones que son vitales para la misma: a) contribuyen a la equidad social, en la medida en que las mismas posibilitan el acceso a la formación superior a sectores de medianos o bajos ingresos, que sin ellas difícilmente podrían hacerlo; hoy día a estas instituciones públicas de educación superior accede un grupo de estudiantes provenientes de los estratos de menores ingresos, que no podrían hacerlo en otras condiciones. b) Son fundamentales para la construcción y consolidación de democracia, por cuanto son el escenario por excelencia para la discusión y el debate académico, la presencia de la diversidad de corrientes del pensamiento científico, posibilitado todo por el principio de amplia raigambre democrática de la libertad de cátedra.
La Ley de la Estampilla, hay que reconocerlo, fue una iniciativa del actual rector, profesor Ignacio Mantilla, quien no solo planteó la iniciativa sino que se empeñó en buscar apoyos para sacarla adelante y los consiguió. Es de destacar que el proyecto de ley contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas del Congreso –no tuvo en ninguno de los debates ni en Senado ni Cámara un solo voto en contra- y contó con el apoyo y el aval del Gobierno Nacional.
Queda pendiente para el próximo año el trámite de una Ley consensuada de Educación Superior
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