Siete personas arrestadas, entre ellas el personero de Chigorodó, un funcionario de la Alcaldía de Medellín y otro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dejó un operativo de las autoridades contra una presunta organización ilegal dedicada a vender información sobre los afectados del conflicto armado colombiano.
La investigación, liderada por el CTI Seccional Medellín, inició en febrero de 2013, a raíz de la denuncia instaurada por un funcionario de la misma Unidad en Antioquia.
El denunciante señaló la existencia de una red conformada por particulares y algunos empleados públicos, los cuales ingresaban de manera clandestina a las bases de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Para ello empleaban códigos de usuario y claves, que son entregadas a unos pocos delegados con carácter reservado.
En dichas bases obtenían información sobre los desplazados, reclamantes de tierras y víctimas del conflicto en general, con la cual se traficaba al mejor postor. La manipulación, contaron fuentes judiciales a El Colombiano, se realizaba con varios fines: en algunos casos para alterar la base de datos e inscribir a personas que en realidad no son víctimas; para suplantar a afectados reales; para acelerar el pago de indemnizaciones a ciertas personas; para saber datos personales de los denunciantes, entre otras ilegalidades.
La conducta llegó a tal punto que, en algunas ocasiones, los integrantes de la red habrían alquilado el uso de las claves a terceros.
En la mañana de este martes el CTI, con apoyo del Gaula Militar, realizó las capturas en los municipios de Medellín, Bello y Chigorodó. De acuerdo con la información preliminar, los detenidos son: Hernán Enrique Alemán Correa, personero de Chigorodó; Cristian Camilo Niño Benítez, empleado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la capital antioqueña; Juan Camilo Gómez Hernández, funcionario de la Alcaldía de Medellín; Ismael de Jesús Gaviria Arboleda, exempleado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y los tramitadores Argiro de Jesús Muñoz, Johnatan David Castrillón Gaviria y Gladis Cecilia Gaviria Zapata.
En las próximas horas serán presentados en la audiencia de control de garantías, donde podrán defenderse y la Fiscalía imputará cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a medios informáticos y peculado.
La investigación, liderada por el CTI Seccional Medellín, inició en febrero de 2013, a raíz de la denuncia instaurada por un funcionario de la misma Unidad en Antioquia.
El denunciante señaló la existencia de una red conformada por particulares y algunos empleados públicos, los cuales ingresaban de manera clandestina a las bases de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Para ello empleaban códigos de usuario y claves, que son entregadas a unos pocos delegados con carácter reservado.
En dichas bases obtenían información sobre los desplazados, reclamantes de tierras y víctimas del conflicto en general, con la cual se traficaba al mejor postor. La manipulación, contaron fuentes judiciales a El Colombiano, se realizaba con varios fines: en algunos casos para alterar la base de datos e inscribir a personas que en realidad no son víctimas; para suplantar a afectados reales; para acelerar el pago de indemnizaciones a ciertas personas; para saber datos personales de los denunciantes, entre otras ilegalidades.
La conducta llegó a tal punto que, en algunas ocasiones, los integrantes de la red habrían alquilado el uso de las claves a terceros.
En la mañana de este martes el CTI, con apoyo del Gaula Militar, realizó las capturas en los municipios de Medellín, Bello y Chigorodó. De acuerdo con la información preliminar, los detenidos son: Hernán Enrique Alemán Correa, personero de Chigorodó; Cristian Camilo Niño Benítez, empleado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la capital antioqueña; Juan Camilo Gómez Hernández, funcionario de la Alcaldía de Medellín; Ismael de Jesús Gaviria Arboleda, exempleado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y los tramitadores Argiro de Jesús Muñoz, Johnatan David Castrillón Gaviria y Gladis Cecilia Gaviria Zapata.
En las próximas horas serán presentados en la audiencia de control de garantías, donde podrán defenderse y la Fiscalía imputará cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a medios informáticos y peculado.