Hay alerta y miedo. El asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes demostró que los violentos están dispuestos a matar para silenciar la verdad y por eso aumenta el temor de los comunicadores antioqueños que denuncian amenazas por su labor.
El rechazo a este crimen motivó la protesta ayer de unos 50 periodistas en Medellín por la desprotección de las autoridades al retirarle a Cervantes los escoltas y el vehículo blindado hace 20 días que, a juicio de sus familiares y colegas, facilitó que lo mataran en Tarazá.
Frente a la sede de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el barrio Belén, sellaron con cinta su boca por unos minutos para protestar.
En las pancartas que portaban se leían reclamos escritos de "no mas desmontes arbitrarios de los esquemas de seguridad" y "no queremos más estudios incoherentes por parte de la UNP".
En el sitio de la protesta recordaron que Cervantes se desempeñó como corresponsal de Teleantioquia Noticias y dirigía una emisora musical y que se "formó trabajando y el corre corre diario de noticias y denunciando lo malo". Pero también informando lo bueno del Bajo Cauca antioqueño.
Por sus trabajos sobre grupos armados ilegales y corrupción política llegaron los mensajes amenazantes y advertencias de que lo querían matar.
Tras las críticas, Andrés Villamizar, director de la UNP, aseguró ayer que "todos los esquemas están obligados a revisarse una vez al año para verificar si se sigue necesitando la protección. Se hizo en mayo a Cervantes y con base en las entrevistas documentadas a autoridades locales, la Personería, la Iglesia Católica y otros periodistas se llegó a la conclusión de que no existía un riesgo derivado de la actividad periodística".
Más amenazados
Pero no es el único. "En Antioquia son unos 14 comunicadores amenazados, ocho del Bajo Cauca y el resto del Nordeste y Urabá sobre todo", indica Oscar Morales, vocero de la Asociación de Periodistas de Antioquia.
Teme que, así como a Cervantes le retiraron la protección hace 20 días con un argumento "tan pobre de que ya no corría peligro por dirigir una emisora musical, sin tener en cuenta las intimidaciones y la zona, nos preocupa que ocurra lo mismo con otras personas".
Tras el asesinato de Luis Carlos Cervantes, el temor revivió para Omar Martínez, corresponsal de Noticias Caracol y uno de los ocho amenazados en el Bajo Cauca antioqueño.
Recuerda que los mensajes intimidantes llegaron primero en diciembre pasado, luego de las protestas de mineros en la región. Relata que "las amenazas de muerte me obligaron a salir de Caucasia con mi familia. Me dieron un chaleco blindado, un teléfono y un auxilio por 585 mil pesos para transporte, que no recibo desde hace tres meses".
Los mensajes para que deje la región volvieron en febrero de este año y, según, Martínez, "me autocensuré de hacer denuncias e investigaciones".
Espera el resultado de un estudio de seguridad, el mismo procedimiento de la UNP que determinó que Luis Carlos Cervantes no requería más de escoltas y carro blindado.
El Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, tras un consejo de seguridad, pidió UNP revisar el caso porque "es una vergüenza que como Estado fallemos en la protección de un periodistas que advirtió este riesgo".
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