La plenaria del Senado se encargará de decidir hoy si el Ejecutivo pasa de 13 ministerios a 16. También decidirá si da vía libre a las atribuciones al Presidente de la República para que pueda reformar varios organismos estatales, entre ellos el DAS y la Fiscalía.
El proyecto, que es de origen gubernamental, tiene el respaldo de la mayoría de las bancadas del Senado, y se prevé que sólo tendrá inconveniente en lo referente a las facultades especiales que espera tener el Gobierno para reformar entidades oficiales.
En la plenaria de ayer, el sindicato de trabajadores del DAS expresó su preocupación porque, en su concepto, hasta el momento no existen las garantías para la reubicación laboral de los cerca de 6.500 empleados de ese organismo de seguridad.
Sin embargo, la parte relacionada con la escisión de los ministerios, ha contado con el respaldo del Legislativo pues, según el Gobierno, no representa un incremento exagerado en los gastos de funcionamiento de estas carteras si se tiene en cuenta que la planta de personal de las mismas no ha variado de forma significativa desde 2002 cuando se ordenó la fusión (ver tabla).
Lo que está en vilo
El proyecto de liquidación del DAS se dio en medio del escándalo generado por las interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y dirigentes políticos de oposición.
La iniciativa, que fue presentada en septiembre de 2009, ha sufrido varios tropiezos en el Congreso.
Con ella se busca tener una agencia de inteligencia civil, sin funciones de policía judicial y centrada en la defensa ante amenazas internas y externas, la protección de las fronteras y el control de extranjería.
De acuerdo con la presidente del sindicato, Francy Villegas, el Gobierno antes de pensar en liquidar al DAS debería plantear la opción de una reestructuración.
Para Villegas, los convenios firmados por la dirección del DAS con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Sena no ofrecen las garantías para la reubicación del personal que saldría en la eventual liquidación.
Advirtió que, de acuerdo con las cifras que maneja la dirección del DAS, por liquidación de personal se gastarían 17.000 millones de pesos; por indemnizaciones, 27.000 mil millones de pesos, y se debe proyectar un monto para las demandas que llegarán, como pasó en la liquidación de Telecom.
La escisión de ministerios
El proyecto de división de ministerios cuenta con un clima más propicio. La ley tiene como ponente al conservador Juan Manuel Corzo Román, quien explicó que el primero en dividirse es el de Interior para crear el de Justicia.
Según el congresista, los sectores de justicia y salud fueron los más afectados con el esquema de fusiones. Una muestra de ello son las continuas demandas por fallas en la prestación del servicio de salud, aseguró.
La iniciativa, que fue radicada el 17 de agosto del año pasado por el Ejecutivo, echa para atrás la fusión de ministerios que se había realizado durante la gestión de Álvaro Uribe Vélez.
Es decir: desaparece el Ministerio del Interior y Justicia y se da paso al del Interior y al de Justicia y del Derecho. El de la Protección Social se dividirá en los ministerios de Trabajo y de Salud.
Además, el ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se dividirá en el de Medio Ambiente y en el de Vivienda y Desarrollo Territorial.
Según el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, el proyecto de ley no representa costos adicionales para el Ejecutivo, porque no sería necesaria la creación de nuevas plantas de cargos.
Es más, ha defendido reversar la iniciativa a la que le dio vuelo como senador, por considerar que hubo un error al sumarle facultades a carteras que -por si solas- ya tenían suficientes temas para solucionar. Una de las fallas, aseguró, fue dejar sin doliente a la política criminal del Estado.
La firma Javier Hoyos Asesores realizó el año pasado un estudio del proyecto, el cual considera benéfico, porque le da a cada sector la importancia que se merece, siempre y cuando no se incrementen de forma "desproporcionada" los gastos del Estado.
Por ejemplo, considera que tener un Ministerio de Vivienda puede ayudar de forma efectiva a la solución de los problemas tradicionales de pobreza. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, señala que sería una buena oportunidad para articular la política ambiental y la empresarial.
Considera que la creación del Ministerio de Trabajo es conveniente si se tiene en cuenta el alto índice de desempleo y la informalidad laboral.
En lo que sí llama la atención el estudio es en las facultades atribuidas al Presidente. Estas, advierte, "son bastante amplias, y se suman a las que tiene por asignación constitucional directa".
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