Varios hechos, en apariencia aislados, ratifican que cada paso del actual Gobierno busca consolidar apoyos políticos y sociales y conjurar cualquier vacío jurídico para conseguir su máxima aspiración: la paz y de gancho erigir a Santos como el presidente que finalizó el largo y cruento conflicto armado.
Primero fue el proyecto de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que presentó el Gobierno apenas al mes de posesionado el actual Jefe de Estado y que busca la reparación integral para "saldar una deuda histórica con millones de víctimas del conflicto", según las propias palabras del mandatario.
La reparación no solo es un reconocimiento a las víctimas y el cumplimiento a la obligación del Estado de reconocer los derechos a la verdad, justicia y reparación, sino que son la carta de presentación del actual Gobierno para buscar el apoyo social a los diálogos con las Farc y unos futuros con el Eln.
La segunda iniciativa en cadena fue el Marco Jurídico para la Paz, aprobado ya por el Congreso y que en la actualidad cursa revisión en la Corte Constitucional.
Según los dirigentes políticos que apoyan al Gobierno e incluso exmagistrados de esa Corte, la iniciativa tiene grandes posibilidades de superar el examen y demandas de opositores que exigen mayores dosis de justicia e inhabilidades a los guerrilleros desmovilizados para incursionar en la Política.
El Gobierno ha sustentado que el Marco permite aplicar una estrategia integral de justicia transicional que garantice los derechos reconocidos en la Ley de Víctimas, pero también es la base jurídica del actual proceso de paz con las Farc y el mecanismo que permitirá su desmovilización si prosperan los diálogos en Cuba. Lo mismo ocurriría con el Eln.
Ahora, tal como lo reconocen los congresistas que han impulsado los trámites legislativos de esos proyectos, aparece el proyecto de Ley estatutaria para la refrendación de los posibles acuerdos de paz a los que se lleguen en la mesa de negociación el Gobierno y las Farc.
Para el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, se trata del "tercer desafío en el camino para conseguir la paz y la terminación del conflicto de medio siglo en nuestro país. Por eso insisto en que debe ser aprobado con celeridad por este Congreso, que ya aprobó la Ley de Víctimas y el Marco Jurídico y que no puede ser inferior al compromiso de conseguir algo histórico para el país".
El mismo sentir y apoyo muestra el congresista Roy Barreras, presidente de la comisión de Paz del Congreso. "El proyecto para la refrendación es un tercer hito en el proceso de paz, y es fundamental porque va más allá de la voluntad del Gobierno y del Congreso para convocar a todos los colombianos para que decidan si están de acuerdo con los acuerdos conseguidos en el proceso de paz. Ahora comienza la verdadera campaña por la paz".
Otro hecho recién ocurrido llama la atención y ya se interpreta como el paso de las Farc para propiciar su transición de guerrilla a movimiento político y los beneficios legales si se da su desmovilización.
El pasado martes, el jefe guerrillero Jorge Torres Victoria, alias "Pablo Catatumbo" afirmó que "sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas". Aunque condicionado a un "perdón colectivo de todos los actores del conflicto". La declaración fue recibida como un reconocimiento a las víctimas.
Para el exdirector de la Fundación Nuevo Arco Iris, León Valencia, "a las Farc les ha entrado el afán electoral. Como no se pudieron aplazar las elecciones, como pedían, les toca apresurar el proceso para poder participar en las elecciones del próximo año".
En medio de la polarización que existe en el país alrededor del proceso de paz y las concesiones a las Farc, la refrendación se perfila como otro pulso en la mesa de negociación en Cuba.
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