Por causa del conflicto armado y el abandono estatal, los emberá katío del Chocó son uno de los pueblos indígenas en riesgo de desaparecer. A ese destino se opone ahora un plan para recuperar 50 mil hectáreas en una zona de combates entre guerrillas, paras y Ejército, y hoy, además, abusado por la minería legal e ilegal.
Son cerca de 8 mil los habitantes del resguardo del Río Andágueda, en el municipio de Bagadó, los que se beneficiarán del primer fallo étnico de restitución de tierras en Colombia a favor de una comunidad indígena amenazada.
El fallo de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Medellín es considerado "histórico" por el director de la Unidad para la Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, porque ordena al Estado emprender un ambicioso plan de reparación colectiva y revertir el daño causado a los emberá.
"Ellos van a poder regresar a sus tierras... Es un fallo sin precedentes porque estas comunidades han sido victimizadas y desplazadas durante muchos años y no tenían el mecanismo para proteger sus tierras", explicó el funcionario.
Los males del conflicto
Hasta ahora, la desaparición física y cultural parecía ser la condena para las 33 comunidades emberá katío del resguardo del Alto Andágueda. En los últimos 20 años en esas tierras selváticas, consideradas sagradas y donde pescaban, cazaban y vivían tranquilos bajo sus tradiciones, irrumpieron las guerrillas.
Desde el Epl, el Eln y las Farc y luego los paramilitares y en años recientes las bandas criminales. También el Ejército, que ante el difícil acceso recurrió a los bombardeos para combatir a los grupos ilegales, denunció la Organización Indígena de Colombia hace dos semanas.
El resultado fueron frecuentes desplazamientos forzados, asesinatos de líderes, confinamientos, reclutamiento de sus jóvenes, víctimas de minas antipersonal, amenazas por resistirse a la siembra de coca o la minería legal e ilegal.
La pobreza se arraigó, decenas de niños murieron desnutridos y cientos de desplazados se dispersaron por las ciudades y se les vio mendigando en las calles. Incluso perdieron parte de su cultura con la paulatina desaparición de los jaibaná, los guías espirituales que eran la conexión con los espíritus de la naturaleza.
Reparación colectiva
Para Derly Aldana, coordinadora de asuntos indígenas de la Unidad de Restitución de tierras, el fallo ordena un "trabajo titánico" no solo de reparación colectiva, sino de todo el Estado para garantizar la salud, la educación, la seguridad alimentaria, vías".
La funcionaria destaca que el fallo debe dar solución al reclamada de los indígenas para frenar el impacto ambientar de la explotación minera. "Los títulos mineros concedidos desde 2008 pretendían explotar en el 62 por ciento del territorio del resguardo. Con esta sentencia tendrán que consultar con la comunidad las intervenciones en la zona".
Esperan apoyo para el retorno de más de 600 habitantes que siguen desplazados en Medellín, Quibdó, Pereira, Cali y un grupo en Andes (Antioquia).
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