Pocas bolas se les han parado a las consecuencias que para las finanzas del país trae los muchos millones de pesos a que ascienden las demandas contra el Estado colombiano.
Estas sumas -que doblegan cualquier presupuesto nacional- no nacieron por generación espontánea. Es parte del desgreño estatal para atender a tiempo las demandas, del mal funcionamiento de la justicia y, por qué no, de la avilantez del ciudadano.
No pocas demandas contra el Estado surgen por víctimas de los criminales o de los carruseles de testigos falsos. De aquellos que se estimulan con el ofrecimiento de rebajas de penas, para sindicar, sin mayor evidencias o movidos por una imaginación morbosa y sesgada, a víctimas que después quedan libres por falta de pruebas evidentes. Es una estratagema demoníaca que deja honras por el suelo, difíciles de restituir para el decoro del implicado y de su familia.
En el país parecería que la norma universal de presumir la buena fe, no existiera. Por simples indicios creados por testigos de la más baja calaña, el Estado lanza entre rejas a ciudadanos víctimas propiciatorias de las temeridades. Y cuando la investigación deja a salvo sus conductas comienzan las demandas multimillonarias cuyo costo debe asumirlo el ciudadano, ya con el incremento de los impuestos, ya con la reducción de partidas para el gasto social. El desgreño estatal corre por cuenta del contribuyente colombiano.
El Estado colombiano, manirroto e imprevisible, se enfrenta hoy a una serie de demandas que duplican el valor del PIB. No solo en materia penal, sino civil, comercial y administrativa. Son demandas que abarcan todos los campos de la actividad en el cual el ciudadano ve conculcado sus derechos. Y cuando no percibe que los tiene, recurre a las demandas en actos no pocas veces provistos de viveza, aprovechando la desorganización institucional. Sabe que el Estado, por lo general, pierde los reclamos por desinterés o pasividad, manifiesta y centenaria.
El Estado colombiano es poco confiable ante sus ciudadanos. No tiene dolientes. Hay que destrabarlo. No solo para que sea eficaz en la inversión pública -como lo pregona el ministro de Hacienda- sino para que se modernice, enfrente y atienda todos sus compromisos y responsabilidades dentro de los plazos que le asigna la ley con la vigencia de la justicia a plenitud y con el celo necesario para evitar que con las inequidades y extemporaneidades se inflen las demandas que por lo general pierde.
El Estado colombiano necesita de gerencia. No solo para manejar sus recursos económicos, sino los humanos. Para que funcione, así sea menos mal de lo que hoy marcha. Requiere de un ejecutivo fuerte y productivo. De fiscales que sepan evaluar procesos con rectitud y eficacia. De Cortes y jueces en donde la sindéresis no escasee y la agilidad sea su factor común.
Esto sería lo mínimo que se le exigiría a un Estado, así tenga suelto un Congreso, que si bien no produce leyes trascendentales, por lo menos ejerza un control político.
Una fiscalización de aquella que antes se adelantaban, cuando el esquema Gobierno-oposición imperaba en el país.
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