El miércoles 15 de octubre, el procurador Alejandro Ordóñez radicó en la Presidencia un oficio en el que formulaba al Jefe del Estado cuatro preguntas puntuales, que en el texto mismo se identifican como "cuestionamientos", referentes al procedimiento legal que se observó -o se omitió- al permitir los viajes del jefe de las Farc, alias "Timochenko", a La Habana.
Es posible que la carta del Procurador no haya respondido a los estándares de cortesía a los que son tan sensibles los presidentes, y que de su literalidad no quedara clara la competencia que habilitara al jefe del Ministerio Público a elevar sus interrogantes en esos términos. Pero lo que es indiscutible es que eran preguntas pertinentes y necesarias.
El mismo día el presidente Juan Manuel Santos envió su respuesta, escueta, donde notifica que el cuestionario del procurador es "completamente improcedente", y en la que, con la reafirmación de su posición jerárquica, asume que su responsabilidad de Jefe de Estado no va hasta tener que dar explicaciones por algo que él asume como un fin superior e inaplazable: la paz.
Y como al momento de demostrar quién es el que lleva a sus espaldas la misión suprema de hacer efectivo el derecho constitucional a la paz nunca sobra indicar dónde se ubica cada uno, el Jefe de Estado acude a una no muy sutil invocación al pedestal presidencial, al condescender en manifestar que "no tengo inconveniente en invitarlo a una audiencia con la finalidad de ilustrarlo sobre los avances del proceso de paz". Y sin dejar pasar la oportunidad para insinuarle que, por hacer preguntas en tono que se juzga insolente, no está cumpliendo el mandato constitucional de colaborar armónicamente con los otros poderes.
La réplica del procurador era inevitable. La oportunidad estaba servida. Y si bien en esta segunda carta del 17 de octubre por lo menos encabezó su misiva con el protocolario "Respetado señor Presidente", no cayó bien que la carta y la intervención mediática complementaria la hiciera en el marco de la convención del Partido Conservador, en San Andrés.
Pero aunque las formas son importantes, aquí lo obligado es ir al fondo del asunto. El mensaje del procurador es clarísimo: la legitimidad del proceso de paz depende de que se adelante con riguroso apego al orden jurídico, y por ello, todas las actuaciones de los funcionarios públicos, así sean para buscar la paz, no están amparadas por inmunidad y son objeto de control.
El presidente Santos no debe considerarse intocable cuando se trata de la paz. Como demócrata debe aceptar las preguntas y ofrecer todas las explicaciones que se requieran. Si algo necesita transparencia es este proceso en que se ha embarcado el país.
El procurador Ordóñez no es persona grata para muchos. Esa animadversión llega hasta anular cualquier valor a lo que él diga, por ser él quien lo dice. Pero sus críticos no pueden llegar al extremo de desconocer el sustento jurídico que respalda su segunda carta. Omítase, si se quiere, el nombre de quien la firma, pero téngase muy presente que no habrá final plausible del proceso si se desconoce lo que allí se advierte y se recuerda.
PROCURADOR NO HA ENTENDIDO SU PAPEL DE REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD
Por ramiro bejarano guzmán
Abogado, profesor universitario, columista de prensa.
Definitivamente el procurador Ordóñez se revela cada vez más como jefe político que como jefe del Ministerio Público. Es evidente que él no tiene ninguna competencia para exigirle al Presidente de la República que le dé explicaciones respecto del viaje de “Timochenko” a La Habana.
Entre otras cosas, el Gobierno se ha enredado. Debió haber dicho que el Presidente no necesitaba levantar la orden de captura de “Timochenko” por cuanto él está fuera del territorio colombiano.
El proceso de paz no es un tema que le competa al procurador. Este ha decidido bombardearlo, porque lo convirtió en un programa político. Es el jefe político del laureanismo, y por eso se dirigió al país desde el encuentro conservador en San Andrés. Que un procurador ataque al Gobierno desde una cumbre política, eso no se había visto jamás.
Jurídicamente, el Procurador está enredado en su propia pita. No ha entendido que su función de representante de la sociedad tiene límites, él no puede meterse en cuanto proceso administrativo haya, y menos en los de naturaleza netamente política, como es un proceso de paz.
La paz implica riesgos. Y por eso el Gobierno no tiene que dar más explicaciones. El Presidente no puede aceptar que le digan que encubre delincuentes.
