La recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana es percibida por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, como una herramienta para que las autoridades enfrenten la criminalidad que azota a las ciudades, donde los delincuentes "no tienen horarios".
Sin embargo, durante el tiempo que tardaron los debates para la aprobación, incluso después de esta, fue calificada por algunos especialistas y congresistas como "un arbolito de Navidad, al que se le pudo colgar de todo".
Generaron polémica temas tan delicados como el bloqueo de vías, por el cual se escucharon diversas voces que manifestaron que esta ley se basa en la represión y no en la inversión social, además, que se evidencia que no hay políticas a largo plazo para combatir la violencia.
EL COLOMBIANO conversó con el ministro Vargas Lleras sobre los alcances de esta ley, las penas que se contemplan y de qué forma se benefician los colombianos con la entrada en vigencia de este conjunto de normas que, además, incluye el tratamiento sobre las llamadas barras bravas, el porte ilegal de armas y la minería ilegal.
¿En qué consiste esta Ley de Seguridad Ciudadana?
"Esta ley es un instrumento para ayudarles a los alcaldes, gobernadores, jueces, fiscales y autoridades en general, a tener nuevos instrumentos para reprimir el delito, contener y combatir a las bandas, combos y diferentes estructuras criminales que delinquen en el territorio nacional. Es un instrumento muy útil para todas las instituciones del país que luchan contra el crimen".
¿De dónde salen las propuestas sobre las que se crearon los puntos de la Ley de Seguridad Ciudadana?
"Nacieron de lo que escuchamos en visitas a las diferentes ciudades, entre ellas Medellín, en las que solicitaban judicialización a menores de edad infractores de la ley y otros instrumentos para actuar contra la delincuencia. Además, se recogieron sugerencias de la Policía, Fiscalía y autoridades que expresaron sus necesidades para combatir el delito en cada una de sus regiones".
¿Qué elementos brinda para combatir la violencia y las estructuras armadas ilegales?
"Muchas veces las autoridades no podían realizar allanamientos después de las seis de la tarde y, en ese sentido, se va a facilitar esta tarea a los fiscales. No puede ser que las autoridades no puedan allanar una casa después de esta hora, como si los delincuentes tuvieran horario laboral. Le da un nuevo alcance al concepto de flagrancia.
Además, se brindan herramientas para que se puedan capturar a los delincuentes y evitar que a los pocos días salgan a las calles después de cometer varios delitos".
Muchos de los combos en Medellín están integrados por jóvenes. ¿Cómo será el tratamiento para los menores de edad infractores?
"Aquellos jóvenes o muchachos que cometan delitos como el sicariato, u otros como secuestro o extorsión, pagarán la pena en el tiempo establecido y, si al cumplir la mayoría de edad no han terminado, no saldrán libres, seguirán pagando la condena por los delitos cometidos en cárceles, aún después de cumplir 21 años".
¿Esta ley reforzaría la lucha frontal del Gobierno Nacional contra las bandas criminales (bacrim)?
"Llama la atención y es preocupante la presencia de las bacrim en diversas regiones (como en Caucasia) y lo peor, que genere tanto impacto. Esto no debe continuar y vamos a reforzar la acción del Estado. Los factores de riesgo siguen siendo muy altos, por eso buscamos disminuir el accionar de las bacrim con estas medidas que van desde el momento de las capturas hasta su judicialización".
¿Era necesario este marco legal para complementar la parte operativa en la lucha contra la delincuencia?
"La política de seguridad del presidente Santos, en materia de seguridad ciudadana, incorpora la parte operativa, el plan cuadrantes, los esfuerzos que se están haciendo para adoptar mejor a las autoridades, pero requiere de este marco legal, pues muchas de las personas que están siendo capturadas están quedando en libertad por tecnicismos jurídicos.
Las autoridades necesitan estos instrumentos frente a esta ola criminal que esta teniendo tanta presencia en los grandes centros urbanos".
Los enfrentamientos entre las estructuras armadas ilegales se da incluso con armas de largo alcance. ¿Qué contempla la Ley con respecto al porte ilegal de armas?
"Se establecerá un nuevo tratamiento para el porte ilegal de armas, con penas más duras para los que utilicen las armas para cometer todo tipo de delitos".
Muchos de las estructuras armadas ilegales cuentan con lo que comúnmente se llama "patrocinio". ¿Habrá penas para los que brinden ayudas o financien grupos delincuenciales?
"Todas las personas que están vinculadas a los actos de violencia, desde el ejecutor hasta el que piensa cómo hacer el daño, tendrán cabida en esta ley. Son tan culpables los que cometen los actos como el que los ejecuta".
En la Ley de Seguridad Ciudadana se castigará a los que bloqueen vías y afecten el desarrollo de las actividades normales. ¿Es esta una forma de criminalizar el derecho a protestar?
"En el Gobierno Nacional no prohibimos la protesta. Es un derecho que tienen los ciudadanos y lo pueden hacer. Lo que se busca con la Ley de Seguridad Ciudadana es condenar aquellos actos en los que se bloquean vías y la que sale afectada es la población común, que no tienen nada que ver. Solamente serán judicializadas aquellas personas que incentiven a hacer los bloqueos y tendrán como máximo una pena de dos años".
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