La Corte Suprema de Uruguay declaró el lunes inconstitucional la Ley de Caducidad que libró de ser juzgados a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), a escasos seis días del plebiscito convocado para anular dicha norma.
Esta decisión de la máxima instancia judicial del país solo se aplica al caso de la muerte en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray, pero el pueblo uruguayo decidirá sobre la anulación plena de la ley el próximo día 25 de octubre en un plebiscito convocado en coincidencia con las elecciones presidenciales.
Esta es la primera vez que la máxima instancia judicial del país se pronuncia contra la controvertida norma, que impidió, desde antes de su inicio, el enjuiciamiento de los militares y policías que participaron en la represión de los opositores a la dictadura.
La decisión de los jueces, que se añade a la postura contraria a la ley defendida por los poderes Legislativo y Ejecutivo de Uruguay, marca a efectos prácticos el fin de la Ley de Caducidad, al sentar jurisprudencia y facilitar la presentación de nuevas demandas contra la misma.
Así, los jueces supremos anunciaron que a partir de ahora podrán dar su opinión en los casos relativos a la Ley de Caducidad sin necesidad de esperar el largo camino que tuvo que andar el caso Sabalsagaray.
Cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema apoyaron la decisión y habilitaron la investigación de la muerte de la joven en un cuartel militar tras haber sido torturada.
El caso Sabalsagaray no fue archivado en su momento debido precisamente a que hubo civiles implicados en la detención de la mujer y la Ley de Caducidad no se aplica mas que a uniformados.
Los magistrados justificaron su decisión al argumentar que la norma viola la separación de poderes y que no puede ser entendida como una ley de amnistía, porque no fue aprobada según lo regulado por la Constitución.
El pasado febrero, las dos cámaras del Parlamento uruguayo entregaron a la Suprema Corte de Justicia su dictamen a favor de declarar inconstitucional esa norma, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en otro referendo.
El Parlamento actuó a raíz del planteamiento de inconstitucionalidad elevado por la fiscal Mirtha Guianze con base en la muerte de Sabalsagaray, cuyo cuerpo fue entregado por los militares a la familia en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo, tras decir que la mujer se había suicidado.
Sin embargo, los allegados incumplieron las órdenes y un médico, el hoy político y alcalde de la localidad de Canelones, Marcos Carámbula, pudo determinar que Sabalsagaray murió a causa de los golpes que había recibido.
