Las posiciones de las víctimas del país deben quedar plasmadas en el nuevo proyecto de Ley que en estos momentos cursa en el Congreso. Esa fue la principal conclusión del encuentro de la Mesa Departamental de Víctimas del conflicto armado en Antioquia.
Si bien las distintas organizaciones de las nueve subregiones del departamento valoraron esta iniciativa, también cuestionaron el proyecto.
"Nosotros encontramos que la Ley no recoge el consenso de las víctimas en términos de verdad, de justicia y de reparación integral. Son 124 artículos con muchos errores de fondo y forma", aseguró ayer Silvia Quintero, vocera de la Mesa Departamental.
Los peros
Uno de los talones de aquiles de la iniciativa, dicen, es el artículo 5, donde se dispone que: "Las medidas de atención, asistencia, indemnización y reparación contenidas en la presente Ley, así como todas aquellas que han sido o que serán implementadas por el Estado con el objetivo de reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado derivada del daño antijurídico imputable a éste en los términos del artículo 90 de la Constitución Nacional, como tampoco ningún otro tipo de responsabilidad para el Estado o sus agentes".
En síntesis, las organizaciones de víctimas no están de acuerdo que en el actual proyecto el Estado no asuma su responsabilidad por acción o omisión cuando se violaron los derechos humanos. Y que se pretenda igualar la responsabilidad jurídica con la fiscal.
"Además de no reconocer su responsabilidad, el Estado vuelve la reparación contingente porque la amarra a la sostenibilidad fiscal y vuelve responsable a toda la sociedad", explicó Antonio Madariaga Reales, director Ejecutivo de la Corporación Viva la Ciudadanía.
Es por eso que las distintas víctimas (del Bajo Cauca, Urabá, Norte, Nordeste, Suroeste, Oriente, Magdalena Medio y Occidente antioqueño y del Valle del Aburrá), definirán los puntos en que debe mejorar el actual proyecto de Ley. Además, los aspectos que se deben excluir y los nuevos que se deben incluir.
"Si bien tuvimos una participación en el estatuto de víctimas que fue hundido por el Gobierno anterior, en esta nueva iniciativa tenemos también derecho a la deliberación. Ese espacio no debe ser solo del Gobierno y los partidos políticos", reiteró Silvia Quintero.
Por eso, el próximo 25 de octubre, cuando se haga la ponencia en el Senado, las distintas organizaciones de víctimas del país, realizarán jornadas para que se incluyan sus propuestas. Y de esta manera sea aprobada bajo un verdadero consenso nacional.
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