Víctimas del conflicto armado de varias regiones del país convergieron en el hotel Xué Sabana de Cajicá, Cundinamarca, con el fin de exponer sus experiencias en torno al conflicto y a la construcción de paz.
Durante el evento, organizado por el grupo de organizaciones de Derechos Humanos y Desarrollo, Redprodepaz, varios representantes de asociaciones de víctimas del Magdalena Medio, los Montes de María y el suroccidente del Meta hablaron de cómo fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamiento, por cuenta de los diferentes actores armados del país.
También mostraron la forma en que han enfrentado este flagelo, sosteniendo y reconstruyendo sus comunidades en medio de la guerra y en contra de todos los obstáculos impuestos por los mismos actores armados, las escasez de recursos y la inoperancia de las instituciones públicas.
Un comité cívico en el sur del Bolívar
El sur del departamento de Bolívar ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado del país. La cercanía a los Montes de María, corredor estratégico para los grupos armados, hizo que su población se viera sometida al conflicto armado y fuera víctima de muchos abusos.
El Comité Cívico del Sur de Bolívar fue conformado por la población con la ayuda de la Cruz Roja Internacional y la Organización de Estados Americanos, luego de la desmovilización de las Autodefensas.
Este comité se conformó sin una jerarquía estricta, donde todos sus integrantes realizan diferentes labores. De acuerdo con Gil García, uno de los integrantes del Comité, esto se hace con el fin de "evitar tener líderes visibles, porque en experiencias pasadas, estos líderes han sido amedrentados o asesinados".
Sin embargo, el hecho de que sus tierras limiten con una reserva forestal y que el 98% del sur de Bolívar esté concesionado a multinacionales mineras está poniendo una vez más en peligro a la población de la zona. "A medida que llegan se toman las tierras y nos van desplazando una vez más", contó García.
De acuerdo con él, "de nada sirve pedirle algo al Gobierno departamental, porque para ellos, sólo existe Cartagena mientras que el sur está completamente olvidado".
La resistencia de Micoahumado
La comunidad del corregimiento de Micoahumado, Bolívar, se caracteriza porque sin importar las presiones de los diferentes grupos armados, nunca dejó sus tierras para desplazarse hacia el casco urbano de su municipio o hacia alguna ciudad.
Esto les permitió unirse como comunidad e incluso conformar una Constitución propia que rige sus dinámicas internas. Luego de organizarse, establecieron una asamblea que en cooperación con la Iglesia Católica y la Cruz Roja Internacional de la región logró sentarse a dialogar con los grupos al margen de la ley.
Durante la reunión se logró que estos grupos anunciaran el retiro las minas antipersona de las vías de acceso, que los grupos paramilitares restituyeran a los campesino 15 predios que habían arrebatado, que ambos grupos ingresarán al territorio de Micoahumado sin usar armas ni camuflaje, delimitar separando las zonas agrícolas de las que tienen cultivos ilícitos, así como iniciar un programa de sustitución de cultivos.
Esta comunidad recibe capacitación en agricultura y otras labores de parte de los Comités de Desarrollo y Paz, pero no recibe ninguna ayuda del Gobierno Nacional. De hecho, según Juan Bautista Colorado, "el Estado está presente pero solo con la fuerza de las armas" a lo que agregó que "allá ningún Gobierno ha llegado a hacer inversión social".
El empuje de Mampuján
Ubicada al pie de los Montes de María, la comunidad del corregimiento de Mampuján también ha sido fuertemente azotada por el conflicto. Allí tras el desplazamiento forzado de cientos de campesinos afrocolombianos hacia el casco urbano del municipio, la comunidad pudo reconstruirse y recuperar sus tierras.
Julio Maza, afrocolombiano y líder comunitario de esa región, cuenta que fue la unión de la comunidad que logró que el caso llamara la atención de distintas organizaciones internacionales. Con este apoyo, comenzaron a reconstruir su comunidad y se acogieron a la restitución de tierras, logrando así la reparación tanto individual como colectiva.
De acuerdo con Maza, "esto fue muy duro, porque hay muchos funcionarios del Gobierno que no saben cómo funciona la ley de víctimas y ponen muchos obstáculos". "Nos vimos en la obligación de empezar a explicarles en qué consistía esto para poder empezar este proceso", agregó.
Un castillo en la llanura
La dinámica de población de los llanos Orientales, hizo que muchas de las personas que habitan esa región fueran de tendencia política liberal y de izquierda. Esto facilitó la llegada de la guerrilla, que siempre tuvo un vínculo muy cercano con la población, y por consiguiente la de los paramilitares. Los intensos combates entre esos grupos destrozaron gran parte del municipio de El Castillo, en el occidente del Meta.
Allí, la comunidad encontró forma de organización casi clandestinas, debido al miedo que aún sentían de los remanentes paramilitares y de los integrantes de la Fuerza Pública, que avalaba las acciones de estos grupos al margen de la ley.
Dínora Angarita, una de las líderes del municipio contó que una vez se organizó a la comunidad, se consiguió la ayuda de la organización Cordepaz, y de esa forma empezaron la reconstrucción del municipio. A pesar de que todavía cuentan con estigmatización de parte de algunos órganos del Estado, los habitantes de El Castillo están logrando superar las consecuencias de la violencia.
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