No es ninguna sorpresa que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) le haya caído a las Empresas Públicas de Medellín para cobrarles una multa. Ha sido la costumbre de esta entidad reguladora de los servicios de energía y gas.
Las tarifas, reguladas por la Creg, impedían que en Antioquia, el departamento que más le produce energía al país, se tuvieran unas tarifas ajustadas a la realidad y, en sus municipios, las tarifas fueran más bajas que en regiones retiradas de los centros de producción.
Se tuvo que hacer un esfuerzo local para lograr bajar un poco las tarifas en los municipios de Antioquia. Era increíble que en estos se cobraran las segundas tarifas más altas del país. No fueron suficientes los debates en la Comisión Quinta del Senado, adelantados por Rubén Darío Quintero y por este servidor.
Una de las pocas ventajas competitivas que tiene Antioquia, como es la energía eléctrica, no ha servido para el desarrollo del Departamento, porque la Creg no lo ha permitido con sus regulaciones.
También hay que recordar una medida de la Creg que impide que EPM pueda generar más energía, ya que ha fijado un techo del 25% de la energía producida en Colombia, techo que no lo pueden sobrepasar las Empresas.
Esto ha hecho que EPM haya buscado la construcción de centrales en otros países porque en Colombia no lo puede hacer.
Es imposible, con las regulaciones establecidas por la misma Creg, que haya un aprovechamiento de posición dominante porque el mismo ente regulador es quien fija las condiciones para evitar ese abuso de posición dominante.
Sin embargo, prohíbe la eficiencia en la generación de energía por una empresa que bien ha probado que produce la energía más barata del país.
Ahora le cobra una multa altísima a EPM por no construir la central de Porce IV.
Las razones para no hacerlo son muy claras. Resulta que cuando se programó la central había unos 2.799 mineros y agricultores viviendo en la zona de inundación. Mientras se hicieron los estudios de campo y se programaban las obras, ya había aumentado la población allí en un 536 por ciento. Eran más de 15.000 familias.
Pagar indemnizaciones, reubicar a toda esa población y asumir los perjuicios, que seguramente cobrarían, hacía la construcción inviable. Sería la central hidroeléctrica más costosa del país. Ya me imagino las críticas de la misma Creg a Empresas Públicas de Medellín por una obra tan costosa que encarecería las tarifas de la energía para toda Colombia.
Sin ninguna duda, lo que pasó con las invasiones a los terrenos de la central se constituye en fuerza mayor para interrumpir la construcción de la obra, pero la Creg no lo ve así. Es que son las Empresas Públicas de Medellín y a la Creg no le caen muy bien.
Colombia no se perjudicará con la suspensión de Porce IV.
Ya se iniciaron las obras de Hidroituango y las de Hidrosogamoso, de tal manera que el suministro de energía está garantizado para el futuro. Espero que haya lógica en el fallo sobre la multa injusta impuesta a nuestras empresas.
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